El 60% de los votantes se opone a política de Morales

No recuerdo un solo mes durante toda la segunda gestión del presidente Evo Morales en el que no se haya cerrado la plaza Murillo por movilizaciones de algún sector social. Seguramente en su siguiente gestión (2015 – 2020), anticipada a través de su millonaria campaña, se tendrá más de lo mismo, es decir conflictos siempre postergados y agudizados, cuando muchos de ellos expresan la falta de una solución estructural para el país.

Ante cualquier conflicto el Gobierno actúa indolente, intransigente y tiene como principal actitud para la negociación, la prolongación indefinida de los conflictos, procurando, por la vía del cansancio, “solucionar” los mismos, contando con la ayuda de una dirigencia siempre dispuesta a ceder y tranzar bajo cualquier promesa.

Según la última encuesta de Ipsos, se estima que el 58% de la población votante es contrario a la política del gobierno de Evo Morales (a septiembre +/- 2,5% de error).

Seguramente por esta gran oposición popular, cualquier conflicto es respondido por el Gobierno con masivas y millonarias campañas publicitarias, orientadas a desprestigiar a los movilizados, y en las que, invariablemente, los acusa de ser manipulados por la oposición y la embajada estadounidense

Si tomamos todos los conflictos que quedaron sin resolver: TIPNIS, apoyado masivamente por la ciudadanía paceña, paros cívicos de Potosí y Oruro, cocaleros paceños, propietarios de vehículos indocumentados, magisterio, jubilados, Ponchos rojos de Achacachi y un gran etc., se debería esperar un 90% de votos contrarios al MAS, sin embargo, el problema es que los denominados partidos “opositores”, en realidad, no expresan las verdaderas necesidades del pueblo y sólo son expresión de los sectores más conservadores y el mayor caudal electoral de estos no proviene de gente que crea que puedan ser mejores gobernantes, sino que están en contra de darle poder totalitario al actual Gobierno.

Los partidos de oposición sólo quieren retornar a las viejas estructuras oligárquicas, pero resultan minoritarios hasta en su expresión clasista, pues el actual Gobierno ya no se viste de poncho y polleras, y cobra su verdadero ropaje de empresario y verdadero representante de intereses foráneos.

El telón de fondo de los conflictos es que los ingresos que perciben las familias son insuficientes para cubrir la canasta familiar, pues éste es el Gobierno más inflacionario respecto a todos los anteriores gobiernos neoliberales (sobre todo después de lo que popularmente se llamó “gasolinazo”). Muchas familias subsisten complementando sus ingresos con la renta de los 138.000 jubilados, que en algunos casos son la fuente principal sino la única de sostén familiar, frente a las precarias condiciones que tienen que atravesar los miembros más jóvenes de las familias, al no encontrar empleo estable y digno, ser aún estudiantes o en el caso de los puestos autogenerados, no contar con los suficientes ingresos para cubrir el creciente gasto familiar por la constante subida de los precios.

Federico Zelada es ex rector de la UPEA y docente titular de la UMSA.