La errónea política agraria que impera en el país no sólo causa una situación difícil para los trabajadores del arado, sino también para los profesionales que decidieron trabajar científicamente la tierra, hacer subir la producción, mejorar la calidad de los alimentos y contribuir a la seguridad alimentaria del pueblo boliviano. Estos profesionales han sido privados de dedicarse a la agricultura y salvo que se adopte medidas de urgencia, no podrán poner en práctica su profesión.
Según disposiciones constitucionales y legales, los agrónomos son discriminados, no pueden recibir tierras y están incapacitados de contribuir con sus conocimientos y trabajar la tierra. En efecto, según la conservadora ley INRA o Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, los profesionales no pueden recibir terrenos porque no son indígenas y para recibir una parcela tienen que organizarse en una comunidad indígena campesino o intercultural. Por otro lado, también se encuentran en difícil situación porque, si quieren tener acceso a la propiedad del suelo, tienen que comprarla.
Otro aspecto es que disposiciones legales determinan que los profesionales agrónomos por no pertenecer al sector agrario campesino originario no tienen acceso a la propiedad de la tierra en forma alguna. Al respecto, las disposiciones legales en vigencia disponen que este sector social sólo podrá acceder a la tierra únicamente cuando realice labores de “manera colectiva”, factores que los obligan a migrar al exterior o dedicarse a taxistas en medios urbanos.
También impiden la práctica de la ingeniería agronómica, el mantenimiento de la pequeña propiedad de la tierra, el mismo que se opone a la introducción de tecnologías nuevas, el trabajo en grandes áreas y la continua parcelación del suelo hasta derivar al cultivo en surcos y últimamente en maceta. Otro factor es la erradicación de áreas cultivadas por fruta, café, papa, etc. o de ganadería, que están dedicadas a la coca. Se agrega, en ese sentido, que también son víctimas de la política agraria actual los veterinarios, zootecnistas, ecologistas y otros profesionales del ramo.
En cuanto a la cuestión agraria, se subraya que está en abandono casi absoluto, pues, mientras tanto, las inversiones estatales están dedicadas a la explotación de hidrocarburos y faraónicos proyectos de energía termoeléctrica, hidroeléctrica y últimamente la atómica, para las que se dice se destinará alrededor de 20 mil millones de dólares.
En vista de esa situación, este sector profesional debe recibir la atención de los poderes del Estado e inclusive la próxima gestión legislativa debería tomar cartas en el asunto y poner fin a este estado de cosas que hace que la agricultura deje de existir en el país.
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