Los espacios de la justicia

La nueva Constitución Política del Estado establece la vigencia de la “Justicia Comunitaria”, refiriéndose a que todos los originarios, indígenas, campesinos, “mallcus” de las comunidades puedan aplicar sanciones a quienes, en esos distritos, cometan faltas contra el bien común y que la justicia ordinaria -jueces, fiscales, etc.- nada o poco hacen.

El hecho de haber creado una especie de justicia paralela al Poder Judicial, es un paso que agrava los linchamientos y sentencias a muerte de delincuentes que, se supone, han cometido delitos contra habitantes de las comunidades del campo.

La modalidad de la justicia comunitaria no ha sido reglamentada y, si existen instrucciones precisas al respecto, no se las conoce. Esta falta de cultura sobre lo que es este tipo de justicia determina que cualquier persona, grupos o comunidades tomen “la justicia en sus manos” y decidan sancionar con la pena de muerte a quienes consideran culpables de graves delitos, pese a que no hay en el país la pena de muerte.

Últimamente, un abogado de una institución dedicada a defender los derechos indígenas, ha señalado que su institución “trabaja en una serie de actividades en la que llama la atención la inreacción de autoridades tanto de la justicia ordinaria como la de la originaria”. Señaló que se debe a diferencias entre “justicia comunitaria con linchamiento” y que son temas que “estigmatizan la justicia indígena, hay linchamiento donde no hay justicia, donde no llega la justicia ordinaria y donde no hay presencia de la justicia indígena, así que cuando ponemos justicia comunitaria o justicia por mano propia es un error. Causar lesiones a una persona no es un acto de justicia”.

Expresó que “la justicia originaria campesina es reparadora y tiene procedimientos para imponer sanción a todos los miembros que conforman parte de una comunidad o una población rural; en cambio –sostuvo- el linchamiento es una reacción inmediata ante un hecho, ello nos lleva a errores como la identificación del delito”. Se ha sostenido, igualmente, que “la justicia originaria busca establecer espacios de legitimidad y legalidad”.

Todo este complejo problema muestra la necesidad de que el Poder Judicial sea renovado, reestructurado y organizado sobre bases firmes de la justicia, porque, como se procede en los tribunales y la dispensación de justicia con la designación “a dedo” que se hizo de jueces, fiscales y personal superior de los juzgados, la administración de justicia no marcha. Hay casos pendientes que datan de muchos años y se dice que “la carencia de jueces y personal determina que no se atienda tantas demandas pendientes”.

Es de esperar que los integrantes del nuevo Poder Legislativo, a instalarse en enero próximo, tomen con la seriedad y responsabilidad debida la reorganización del Poder Judicial; de otro modo, habrá que lamentar permanentemente la existencia dual de dos “poderes” que funcionen para administrar justicia, lo cual es ilógico y contraproducente por más que se definan “espacios de legitimidad y legalidad”.