Desde hace muchos años, el asalto (no “avasallamiento”) a propiedades privadas es un crimen que no tiene fin; asaltos a granjas, fincas, propiedades ganaderas, etc., etc. que se producen en el país y muy especialmente en Santa Cruz, donde está mejor y más desarrollada la agricultura y existen industrias de toda clase.
De tiempo en tiempo, ante nuevos hechos vandálicos, las autoridades señalan que “actuará la ley y frenará este tipo de desmanes”; sin embargo no se produce ningún hecho que frene la actividad de quienes se creen dueños de todo y de todos y el problema adquiere más fuerza y contundencia.
En cualquier parte del mundo, ante hechos como los que ocurren en territorio boliviano, son sancionados enérgicamente. En los últimos ocho años, los asaltos han sido variados y nadie, que se sepa, pudo frenar la acción delictiva. Lo grave es que muchos de estos asaltos van acompañados de maltrato a los legítimos dueños y, en casos, asesinados porque han opuesto alguna resistencia aún a sabiendas de que los asaltantes no trepidarán ante nada con tal de conseguir sus objetivos.
¿Cuánto pierde el país por este tipo de delincuencia? ¿Cuánto se ha perdido en confianza, bienes materiales, dinero, ganado, cosechas de productos alimenticios, destrucción de pequeñas industrias artesanales, etc. por la apropiación indebida de bienes? Son pocos los casos en los que hubo devoluciones; los más permanecen en poder de los asaltantes y, nada raro, que figuren ellos como propietarios en el último censo agropecuario que se realizó.
La Constitución y las leyes son claras y terminantes sobre la propiedad privada y muy especialmente la posesión de tierras agrícolas, ganado y bienes necesarios en la actividad agro-industrial. Aplicar las normas sería lo más simple; pero las autoridades judiciales ante las que se hace las denuncias no dan ningún paso para proceder a la devolución, juzgar y encarcelar a los autores de los asaltos, exigir los resarcimientos necesarios, etc. Jueces y fiscales, conjuntamente algunos cuadros policiales, lo que menos hacen es cumplir las leyes y crean condiciones de inmunidad para que los autores actúen con absoluta impunidad.
El Gobierno tiene muestras muy claras y patéticas de los últimos asaltos y podría sentar precedentes sancionando a los autores; de otro modo, todo el país corre el riesgo de sufrir semejantes atropellos porque el crimen de los asaltos a la propiedad privada no tiene freno legal alguno.
Finalmente, se reitera que “avasallar” no es sinónimo de asaltar; es, simplemente: “Hacerse súbdito o vasallo y someterse a la fuerza de otro. Es también, sometimiento a quien asume derechos que no le corresponde y aceptar esa imposición”.
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