Bolivia: centro energético continental

II

En junio pasado el Estado boliviano indicó que “hasta 2020 el país exportará 1.000 megavatios y generará, hasta ese año, USD 8.000 millones de renta petrolera (2.000 más de los que se genera actualmente), además de acabar con la importación de gasolina y de diésel, en virtud a los resultados de las exploraciones de petróleo que se hace en el norte de La Paz”, un escenario posible, pero aún muy reatado a un rentismo obcecado.

Bolivia debe dejar de ser país del government take, del impuesto y pasar a ser asociado en negocios de agregación de valor gas, asumiendo riesgos, inversiones y generando rentabilidad en vez de renta. Sólo así desarrollaremos una industria energética posible y positiva.

Cuando me preguntan sobre la nacionalización (de 2006), si fue buena o mala, eso es ya tema del pasado. Es perfectamente posible elaborar una reforma energética que permita una “cohabitación” entre el nacionalismo-socialismo y el capitalismo, en donde en nuevos contratos el Estado se asocie a multinacionales en desarrollo de exploración y producción de gas dirigida a proyectos específicos, como generación de electricidad, o producción de plásticos y diésel sintético. Pero se requiere para esto nueva legislación sectorial.

La pobreza puede ser efectivamente combatida en Bolivia con energía barata con electricidad casi a coste cero en hospitales, escuelas y centros de servicios sociales, mejoramiento de la infraestructura de riego, aprovechamiento de agua para generación eléctrica, exportando electricidad, diésel y plásticos, pero ello requiere una nueva visión de Estado, una Nueva Política Energética (NPE) de largo plazo, fortalecer el rol del Ministerio de Hidrocarburos y Energía que al mismo tiempo sea quien presida la estatal de petróleo y gas.

De manera paralela sería importante que desde el Congreso boliviano se impulse una ley de control y auditoría accountability de los fondos que el Estado boliviano recibió y administró por concepto de renta petrolera (que no es otra cosa que los ingresos por venta de gas, porque Bolivia no es país petrolero, sino gasífero).

Y en ese orden se contrate a una universidad internacional para auditaje de los ingresos de USD 22.218 millones por concepto de la renta petrolera en el período 2006-2013 (cifras públicas expuestas por los dirigentes estatales). Sólo en 2013 se recaudó USD 5.459 millones. En Bolivia la denominada “renta petrolera” corresponde a ingresos por el pago de patentes, regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), entre otros.

De acuerdo con proyección del ministerio del ramo, para el período 2015-2020, la renta petrolera generará promedio anual de USD 6.188 millones.

Parte de esa renta es distribuida en bonos sociales, entre estos el Juancito Pinto para evitar la deserción escolar, la Renta Dignidad para las personas mayores de 60 años o el Juana Azurduy para la madre y su niño, además del incremento salarial a los trabajadores, pero no se reinvirtió en el sector energético (exploración/producción) ni con más énfasis en infraestructura ni tecnología.

Por ello la insistencia de conocer hasta el detalle del centavo, qué se hizo con tantos ingresos. Y la responsabilidad es de todos los estamentos del Estado boliviano central, departamental, municipal, entre otras instituciones.

De todas formas, está Bolivia a tiempo, con su territorio aún no explorado en shale-gas, es perfectamente posible pensar en ser centro energético, de darse las condiciones de una reforma energética.

El Parlamento boliviano 2015-2020 tiene la misión fundamental de impulsar una nueva Ley de Hidrocarburos, una Ley de Electricidad y reformar el sistema de hidrocarburos del país; de apurarnos podríamos re-conectar al país al flujo de capitales y empezar a imitar modelos tecnológicos y de gestión corporativa exitosos, como los de Qatar o Emiratos Árabes Unidos, en vez de imitar a Cuba.

El autor es consultor del sector privado.

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