Privados demandan al Gobierno consenso de leyes económicas

Las políticas gubernamentales y las leyes en materia económica deben ser previamente consensuadas, entre el Ejecutivo y el sector privado sostuvo, José Luis Landivar, presidente del Instituto Boliviano de Comercio exterior (Ibce).

Tras los comicios del domingo, el presidente, Evo Morales logró cerca del 60 por ciento de preferencia del electorado y obtuvo una importante presencia de acuerdo a datos no oficiales.

Representantes empresariales de diferentes departamentos del país, se pronunciaron ayer luego de la victoria de Morales, y esperan que el tercer mandato de Morales se traduzca en mayor apoyo económico al sector y en obras de infraestructura en las regiones.

Fernando Dehene, presidente de la Federación de Empresarios de Oruro, dijo que la reelección del presidente Evo Morales, por el período 2015-2020, trascienda en un mayor apoyo económico y proyectos de impacto para esta región del país.

“Creo que la población orureña le ha dado una segunda oportunidad al señor Evo Morales para que haga realidad los planes y proyectos económicos que tiene la región como demandas”, dijo.

COYUNTURA

EXTERNA

La coyuntura económica internacional muestra cambios, que se traducen en menos demanda de materias primas, debido a que las economías desarrolladas aun no despegan, por ejemplo China, que tendrá un crecimiento entre 7 a 8 por ciento, lejos de los 10 y 11 a los que alcanzó en los últimos años.

VALOR AGREGADO

En ese escenario, Landivar sostiene que las autoridades nacionales deben consensuar con los sectores económicos las políticas que implementen, para transformar la matriz exportadora boliviana. Uno de los objetivos que persiguen es que Bolivia exporte mayores productos con valor agregado y diversifique su oferta internacional; y no vivir sólo de la venta de gas y minerales.

Para alcanzar esa meta se requiere mayor inversión y producción y más participación social. “Hay que exportar más productos con valor agregado”, reitera Landivar a tiempo de señalar que paralelamente hay que trabajar en el marco jurídico para que las inversiones lleguen y se desarrollen.

La Ley de Inversiones aprobada en la presente gestión, aún no ha sido aplicada, cuya causa estaría en la demora de la reglamentación.

ARBITRAJE

Paralelamente, se debe trabajar –dijo- en la elaboración de la Ley de Arbitraje y Conciliación y en temas tributarios, como el nuevo Código Tributario, que son necesarios para la implementación de la Ley de Inversiones, expresa el titular del Ibce.

Son temas importantes, señala el entrevistado a tiempo de indicar que una norma de controversias y arbitraje, así como para brindar incentivos a las inversiones, están en la agenda, pero quedaron congeladas por las elecciones.

TRABAJO

Informó que cinco gremios del Ibce mantienen un diálogo fluido con el Gobierno, y esperan consensuar, en ese ámbito, temas referidos al desarrollo económico del país, como por ejemplo que la inversión crezca a nivel nacional, la expansión de la frontera agrícola junto con la Inversión Extranjera Directa.

MACROECONOMÍA

Reconoce que los indicadores macroeconómicos van bien, en los últimos años, pero creen que se han desarrollado por efecto de los precios internacionales de las materias primas; se avecina cambios negativos en la coyuntura internacional: los precios tienden a la baja, de minerales y petróleo, este último incide en el valor del gas que se exporta a mercados vecinos. Por lo tanto es necesario tener mucho más cuidado, alertó.

PLANTEAMIENTOS

Recordó que el sector privado planteó varias propuestas para que sean tomadas en cuenta por el Gobierno, como la seguridad jurídica, implementación de tecnología, uso de semillas mejoradas, para competir de igual a igual con otros productores internacionales; liberación total a las exportaciones, mejoramiento de la producción para enfrentar los bajos precios

Por su parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) también sugirió la ampliación de la evaluación de la Función Económica Social (FES) de dos a siete años, la agilización de las decisiones de la Autoridad de Bosques y Tierras sobre el desmonte.

“Son temas pendientes, y que tienen que ser consensuados con varias instituciones, no sólo empresariales, sino con el Gobierno además de institutos de investigación, entidades académicas, entre otros”, señaló.