Liberan a comunarios de Zongo

Cuatro comunarios de Zongo acusados de robo agravado de recursos naturales fueron liberados después de dos años de detención, según explicó Gregorio Mamani, representante de la Comunidad.

De acuerdo con las declaraciones del entrevistado, los acusados junto con pobladores de Zongo recibieron libros de investigación del proceso penal ya que este delito no se contempla en la Constitución Política del Estado dado que los recursos naturales eran destinados a la propia comunidad.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia constitucional declinando competencia a la justicia indígena originaria campesina, la investigación y sanción de un supuesto caso de robo agravado contra cuatro autoridades indígenas que están detenidas desde hace dos años en una cárcel.

“Hemos hecho prevalecer nuestros derechos y ahora con este hecho de haber recibido los libros de investigación estamos demostrando que no vamos a ser más pisoteados y ahora es cuando estamos despidiendo a la justicia ordinaria para siempre”, explicó Mamani.

El caso estaba en manos de un juez cautelar de la ciudad de La Paz que a denuncia de un empresario minero ante la Fiscalía ordenó la detención preventiva de cuatro autoridades originarias de Zongo, localidad del departamento de La Paz, imputados por presunto robo agravado ocurrido el 2012.

La demanda llegó al TCP instancia que emitió un fallo disponiendo la declinatoria de competencia de la jurisdicción ordinaria a la indígena originaria de Zongo, para que el supuesto delito de robo agravado, sea resuelto en esa jurisdicción, informó ayer, el dirigente de la Central Agraria Campesina de Zongo, Juan Carlos Marcani tras recoger la sentencia en Sucre.

El dirigente señaló que la sentencia constitucional dispone que el juez cautelar de La Paz, Enrique Morales, remita todos los antecedentes del proceso a la jurisdicción campesina de Zongo para que dichos documentos sean analizados en esa jurisdicción y resolver el conflicto de acuerdo a la investigación y a las pruebas presentadas.

Por su parte, la dirigente de la Comisión de Justicia de Zongo, Marcela Quisberth, aseguró que no hubo tal robo por parte de las autoridades originarias, sino que Bellota fraguó documentos para iniciar un proceso penal, y así evitar una resolución de la Central Agraria Campesina que dispuso el abandono del lugar.