Aprueban reglamentación de Ley 348

Un año y ocho meses después de ser promulgada la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), el Gobierno promulgó ayer la reglamentación, que entre varias de las puntualizaciones, prevé que el 10 por ciento, de los recursos del Impuesto Directo a Los Hidrocarburos (IDH), que corresponde a Seguridad Ciudadana, su empleado por gobernaciones y alcaldías, para implementar albergues temporales y atención de las víctimas de violencia.

La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, acusó a los operadores de justicia, como fiscales, jueces y la Policía Boliviana, de anteponer como excusa, la falta de esta reglamentación, para que muchos operadores de justicia se nieguen a implementarla.

Al momento de la promulgación, el presidente Evo Morales instó a ese grupo de la sociedad a denunciar la violencia de la que es víctima, con miras a reducir los casos y eliminar ese comportamiento machista y patriarcal de la sociedad.

La Ley Integral 348 fue promulgada el 9 de marzo de 2013, pero hasta la fecha carecía de reglamento, que entre otros aspectos, estipula los recursos económicos para la creación de casas de acogida y el potenciamiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv).

“De los recursos que se daba del IDH que está en la Ley de Seguridad Ciudadana, el 30 por ciento irá destinado para crear de casas de acogida, asimismo de ese 10 por ciento destinado del IDH irá 10 por ciento para fortalecer la Felcv, que es una necesidad a nivel nacional”, explicó Gutiérrez.

FISCALÍA

El fiscal de Distrito, José Ponce, evitó emitir criterio, hasta que la Fiscalía General emita un pronunciamiento luego de evaluar el contenido pero destacó que hasta el momento uno de los mayores problemas se daba en relación a la falta de recursos.

“Se critica mucho la labor de jueces y fiscales, pero primero habría que analizar la carga procesal que tiene cada fiscal y juez”, expresó Ponce.

Solo en el distrito de Max Paredes, cada fiscal debe atender más de 500 casos, en el distrito Centro, más de 300 en un año; al momento, en La Paz se cuenta con 10 fiscales especializados para tratar este tema, y como promedio dos denuncias por día.

Ponce dijo que no es cuestión de acusar solo una parte de los operadores “desde los legisladores, hasta los que aplicamos la norma tenemos responsabilidad”, reflexionó Ponce.