• Representantes de las víctimas de octubre de 2003 aseguran que no existe ningún avance a pesar del largo tiempo transcurrido.
El abogado de la defensa de los heridos y víctimas de octubre 2003, Freddy Ávalos lamentó que en nueve años de Gobierno se haya fracasado en el proceso de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y que hasta la fecha no exista ningún Fiscal General procesado.
Ávalos reconoce que el sacrificio de las personas fallecidas y heridas, además de sus familias, luego de 11 años de haberse registrado los delitos de genocidio por parte de Gonzalo Sánchez de Lozada y luego de dos procesos de gobierno de interinato junto a la gestión del actual gobierno, a la fecha no existe ninguna política pública en beneficio no sólo de los afectados de octubre 2003, sino en beneficio de la población alteña.
En la actualidad, entre el 2005–2009 y hasta el 2015, ningún miembro o familiar de los y las fallecidas en octubre 2003 pudo ocupar espacios de decisión en el poder ejecutivo, legislativo, y menos judicial, tanto del Gobierno central como de los demás gobiernos departamentales y locales, factor que dejó postergadas sus demandas que fueron incluidas en documentos políticos como la “Agenda de Octubre 2003”.
“Fracasaron en la extradición porque los cuatro anteriores fiscales generales presentaban imputaciones incoherentes como es el caso del fiscal General Pedro Gareca, quien demandó extradición pero por el delito de violación (que no es materia de extradición) y no genocidio. Finalmente, otra reciente incongruencia presentada por la defensa norteamericana del expresidente es que pretendían postergar la extradición por ser mayor de 60 años, factor que no fue aceptado por la justicia norteamericana”, aclaró Ávalos.
Para el abogado, estas incongruencias presentadas por los fiscales generales sólo demuestran que existen intereses de otros niveles políticos camuflados en el Poder por no extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada para que sea encarcelado como establece la norma sin derecho a indulto, sin embargo, aclaró que la extradición del expresidente para que sea juzgado en el país es posible si es que se siguen los procedimientos correctos.
Asimismo, aseveró que a 11 años de postergación de las demandas de familias damnificadas en octubre 2003, las autoridades políticas que se aprovecharon de esa fase sangrienta piensan que sólo con actos simbólicos y discursos oportunistas se pretende hacer dar “homenajes”, mientras que un centenar de familias afectadas deben seguir viviendo en condiciones de pobreza, desamparadas de la mano del Estado.
Ávalos lamenta también que otros “líderes” que no arriesgaron nada porque estaban declarados en la clandestinidad o no se encontraban en territorio nacional, en la actualidad disfruten mientras que gobiernan con la demanda alteña de la cual sólo reciben migajas postergando el desarrollo, la industrialización y el futuro de las próximas generaciones.
“Si bien la esperanza es lo último que muere, como señala el deseo, esperemos que en esta tercera gestión del actual gobierno de Evo Morales Ayma se pueda extraditar no sólo a Gonzalo Sánchez de Lozada, sino a sus cómplices por los delitos de genocidio, entre otros”, remarcó Avalos.
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