Caso Rózsa
Santa Cruz.- Otra vez está en el ojo de la tormenta el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que administra el juicio del caso Rózsa.
Esta vez se trata del presidente Sixto Justo Fernández y la jueza ciudadana Sonia Mamani, quienes fueron recusados por 18 imputados del proceso, tomado de El Día.
El documento leído por el abogado Alberto Morales, representante legal de los acusados del caso Rózsa, argumentó parcialidad por parte de los jueces Fernández y Mamani.
Esto se remonta a las declaraciones que hizo Mamani ante los medios de comunicación el pasado jueves 18 de septiembre, cuando se sometió a unos exámenes médicos después de sufrir un desmayo debido a su anemia aguda, publicó Oxígeno.
En aquella oportunidad, Mamani dijo a la prensa que quería renunciar como jueza ciudadana, ya que estaba en riesgo su vida.
Incluso advirtió que si el presidente del Tribunal, Sixto Fernández, le rechazara su dimisión, lo responsabilizaría por si le sucediera algo.
Presión y dádivas. La jueza ciudadana denunció en aquella oportunidad que era víctima de presión por parte de Fernández para que continúe en el Tribunal, aunque sea corriendo riesgo su vida.
Demandó que nunca recibió colaboración por parte del titular del Tribunal y que más bien si recibió en alguna oportunidad ayuda, fue por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, solamente fueron promesas.
Esta colaboración que solicitaba era con el fin de someterse a continuos chequeos médicos para el tratamiento de su enfermedad.
Dijo que necesitaba transfusión de sangre, pero que por estar cumpliendo con su deber de juez ciudadana no lo pudo realizar en la sede de Gobierno.
Sin embargo, Mamani, quien se comprometió hace un mes atrás a renunciar, siguió cumpliendo su papel de juzgadora en este controvertido caso.
Ayer, una vez conocida la recusación planteada por la defensa, Mamani se indispuso y tuvo que ser asistida por personal médico.
Argumentos de la defensa. Los demandantes explicaron que hay una clara parcialidad del Tribunal con los acusadores.
Manifiestan que tanto Fernández como Mamani encubrieron los hechos violatorios a los derechos humanos producidos, que son inclusive catalogados como delictivos, criminales y reprochables.
Además en el tiempo en que conocen las causas, se generó torturas por negar libertad a los detenidos preventivos más allá de los plazos legales.
“Asimismo, hay un ilegítimo interés de conocer el proceso, para perjudicarnos y encubrir la responsabilidad penal de los funcionarios públicos y policiales que actuaron intelectual y materialmente en el hotel Las Américas”, sostiene el documento. Conocido el recurso, la juez técnica Helena Gemio tomó la titularidad de manera interina del Tribunal y primero pidió cuarto intermedio de media hora. Cumplido el plazo, la jueza Mamani se indispuso y en su ausencia, Gemio pidió un receso para las 15.30 horas de ayer, pero ante el pedido primero de la Fiscalía y luego de su colega Fernández, rectificó para las 9:30 de hoy, para ver si aceptan o rechazan la recusación.
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