Octubre Negro después de 11 años

El abogado de los familiares de las víctimas de octubre 2003, Rogelio Mayta, recordó que pasaron once años de “una experiencia dura y amarga”, luego de los periplos que se tuvo que sortear para lograr que la justicia sancione a los responsables de la muerte de al menos 60 personas y unas 400 heridas, producto de los graves sucesos ocurridos en la “Guerra del Gas”.

Hoy se recuerdan once años de aquellos trágicos días cuando los habitantes de El Alto se enfrentaron en desigual condición a efectivos policiales y militares tras una prolongada huelga indefinida en protesta contra la propuesta del entonces gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien pretendía exportar gas al exterior utilizando puertos chilenos.

“Ni una gota de gas a Chile” era la consiga de esos días al igual que “nacionalización de los hidrocarburos” levantada por los vecinos alteños que paralizaron a toda la metrópoli paceña y que de a poco fue sumando a otros departamentos, hasta convertirse en una movilización nacional que culminó con la renuncia a la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Pero fueron los familiares de muertos y heridos quienes acabada la confrontación demandaron un resarcimiento, no sólo económico, sino, moral y legal, por ello se inició el juicio de responsabilidades y el trámite de extradición contra quien se presume dio la orden para reprimir a los habitantes de la urbe alteña, junto a él sus ministros destacando Carlos Sánchez Berzaín que en ese momento era ministro de Defensa.

“El gran problema que tenemos y que será difícil de lograr es la extradición de Sánchez de Lozada desde los Estados Unidos”, dijo Mayta quien sin embargo destacó que a once años de aquellos sucesos, se logró la primera sentencia condenatoria contra quienes fueron responsables de la represión y producto de ello cinco jefes militares que, en ese momento eran miembros del Alto Mando Militar fueron sentenciados y a la fecha cumplen condena en la cárcel de San Roque.

Según la resolución de la Corte Suprema fueron condenados a 15 años los generales Roberto Claros Flores, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y Juan Véliz Herrera, excomandante general del Ejército, durante el gobierno de Sánchez de Lozada. A once años, el general Osvaldo Quiroga y el almirante Luis Aranda Granados y a diez años de cárcel al general Gonzalo Rocabado.

Mayta recordó que son dos las solicitudes que se presentó el Gobierno boliviano, a su par de los Estados Unidos pidiendo a extradición. “La primera fue rechazada porque hubo varias observaciones que no eran compatibles con la normativa norteamericana y que motivó su rechazo”, dijo.

La segunda se la hizo en el mes de julio se presentó la nueva solicitud subsanando todas las observaciones habidas en la anterior. “Ahora lo que debemos esperar es la respuesta, que no creo sea muy satisfactoria, pero esperemos”, dijo el abogado.

INFORME

En días pasados, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, informó que el Ministerio Público (MP), en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, ha continuado con el proceso judicial y el respectivo trámite de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus exministros, responsables de los hechos luctuosos de octubre de 2003, donde perdieron la vida habitantes de la ciudad de El Alto, trámite cuya respuesta debe esperar la decisión de las autoridades competentes de los Estados Unidos (EEUU), tomando en cuenta las particularidades de la legislación norteamericana.

La autoridad brindó dicha información en respuesta a una visita que recibió por parte del presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto, José Óscar Ávila, quien recibió un informe escrito pormenorizado sobre todo lo que significó dicho proceso, desde su inicio el 2004, la sentencia que se dictó el 2011, la presentación de la primera solicitud de extradición el 2008, su respuesta con observaciones el 2012 y la presentación de un último exhorto suplicatorio en julio de este año.

Guerrero indicó que, luego de ser traducidos al inglés los respectivos documentos del juicio de responsabilidades, se presentó ante el Gobierno de EEUU la segunda solicitud de extradición de Sánchez de Lozada y las exautoridades nacionales que radican en dicho país, donde se salvaron las observaciones que fueron planteadas en la primera.