El sector de la Micro y Pequeña empresa a nivel nacional exige a las autoridades de Gobierno a defender al sector productivo con acciones concretas en contra de los comercializadores e internadores de ropa usada, ante el inusual incremento en la venta de estos productos en las diferentes ferias a nivel nacional, explicó el presidente de Asociación de Productores Confeccionistas de la Micro y Pequeña Empresa de La Paz (Aprocomype) Eloy Gutiérrez.
Además, el entrevistado criticó el hecho de que autoridades municipales evadieran su responsabilidad al no aplicar los decretos supremos que prohíben la comercialización de ropa usada, por el contrario, como identificaron ellos, en la ciudad de El Alto dicha actividad ahora ocupa el 80% del mercado de la Feria 16 de Julio, ofreciendo las prendas sin ningún control de sanidad y con el riesgo de ocasionar la proliferación de varias enfermedades, incluido el ébola.
“Son más de tres años que las autoridades competentes para efectuar el control y la prohibición de que se interne más ropa usada en la feria de la zona 16 de julio, están incumpliendo sus funciones, por lo tanto debieran también ser procesados en caso de que esta actitud genere riesgos en la salud de la población y se convierta en un problema social”, reiteró.
Para los emprendedores, la ropa usada no sólo destrozó a los microempresarios del rubro textil quienes tuvieron que migrar a la Argentina con la finalidad de no abandonar su actividad, sino que en la actualidad deben enfrentar a la crisis por la falta de materia prima, maquinaría y principalmente la ausencia de nuevos mercados, ante el fracaso de venta de ropa a los países latinoamericanos que se comprometieron hace tres años, indicó el representante de Aprocomype.
Hace nueve años los importadores y comercializadores de ropa usada solicitaron la posibilidad de que el Gobierno destine 80 millones de bolivianos a la denominada reconversión productiva recursos y proyecto que fracasó y que sólo fue destinada para la internación de nuevas prendas usadas de contrabando y que en la actualidad contaminan diferentes municipios urbanos y rurales.
Gutiérrez solicitó a las autoridades de diferentes entidades productivas y del Municipio, al igual que la Gobernación, que puedan definir políticas públicas en favor del sector productivo textil para la contratación de dicho sector en la confección de ropas de trabajo, prendas escolares, entre otros y definir controles que impidan la expansión de la venta de ropa usada.
Agregado a ello, el sector de la micro y pequeña industria lamenta que en la actualidad los comercializadores de ropa usada que antes contrataban personal para el lavado y planchado de las prendas de segunda mano, en la actualidad estén prescindiendo de estos servicios, de las personas que antes lavaban y planchaban dichas prendas por lo que el riesgo en contraer varias enfermedades como consecuencia de estas prendas es mayor, indicó el entrevistado.
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