Acuerdo con exdueños de Electropaz se hace esperar

La Procuraduría del Estado aún no llega a un acuerdo con los expropietarios de Electropaz pese a que en agosto de este año trascendió el compromiso del Gobierno de pagar antes de octubre de 2014 a Iberbolivia (compañía controlada por Iberdrola) el valor de sus inversiones expropiadas en 2013. Sin embargo, hasta la fecha tal compromiso no se ha materializado.

El 29 de diciembre de 2013 el Gobierno boliviano nacionalizó las siguientes empresas: Electropaz en La Paz, Elfeo en Oruro, Edeser (empresa de servicios) y Cadeb (Compañía Administradora de Empresas, gestora de inversiones). Las acciones mayoritarias de estas compañías corresponden a Iberbolivia que pertenece al grupo Iberdrola.

En el discurso del embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez Díaz de Tuesta, el pasado jueves 9, la legación diplomática mostró su interés y optimismo porque los asuntos pendientes con empresas españolas lleguen a buen término en un plazo prudente.

En el caso de Iberbolivia, las partes aún no han llegado a un acuerdo y la empresa ya inició acciones legales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) bajo el Tratado de Protección de Inversiones entre Bolivia y España. Aunque el monto reclamado por Iberdrola no trascendió, fuentes de mercado estiman el valor de las empresas expropiadas en no menos de 180 millones de dólares.

Cabe recordar que el Ciadi falló recientemente en contra del Gobierno de Bolivia y a favor de Rurelec (una empresa con base en Londres que era la dueña de la central eléctrica de Guaracachi, mayor generador eléctrico de Bolivia) como consecuencia de ello el Estado boliviano pagó a Rurelec 31,5 millones de dólares.

Tal como manifestó la Procuraduría en agosto, una solución amistosa resulta conveniente para ambas partes debido a que los costos de litigar internacionalmente y que los montos de indemnización fijados por el Ciadi resultan usualmente mayores a los acordados en una negociación de mutua conformidad.

Asimismo, no finalizan los diferendos vinculados a las expropiaciones llevadas a cabo por el Gobierno no es bien visto por los inversores internacionales con interés de establecerse en Bolivia.