¿Es la baja del precio del petróleo circunstancial?

De acuerdo con una reciente noticia publicada por la Agencia Boliviana de Información (ABI), el presidente de YPFB habría descartado que “la baja internacional en el precio del petróleo afecte a los ingresos para el país provenientes de las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina, tomando en cuenta que esa disminución es “circunstancial” y no representaría una crisis de la economía mundial”. Es más, con base en “proyecciones del Instituto de Energía Mundial”, la citada autoridad sería de la opinión de que el precio del petróleo se mantendrá entre 90 y 100 dólares (el barril), añadiendo que “… con 90 dólares como Bolivia estamos en una posición bastante buena”.

Resulta claro que, dada la enorme dependencia de nuestra economía de las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina, el país podría sufrir un duro embate si los deseos del jefe de la empresa más poderosa de Bolivia no se cumplieran.

Desafortunadamente, tengo al menos tres razones para pensar que muy bien pudiera ser así. En primer lugar, me temo que la actual deflación en China podría aumentar la desaceleración de su economía, cediendo paso a una aún menor demanda de petróleo y si, por consiguiente, se tiene en cuenta el poder de compra de combustibles fósiles de la segunda economía del planeta, a una situación de bajos precios del petróleo. A esto se puede sumar, la nueva decisión del gobierno chino de incentivar la introducción masiva de vehículos eléctricos para paliar en algo los altos niveles de contaminación ambiental y polución del aire derivados en gran medida de una matriz energética aún basada en la quema descontrolada de hidrocarburos, que tendría un efecto negativo en la demanda y precio del combustible fósil.

En segundo lugar, el reciente boom del gas de esquisto (shale gas) en EEUU estaría dando lugar a una caída en el precio del petróleo por efecto de un aumento de la producción del mismo ya sea porque algunos yacimientos de shale gas son también yacimientos de shale oíl (petróleo de esquisto) y un aumento de shale gas resulta al mismo tiempo en un incremento de shale oíl o porque una parte importante del exceso de shale gas producido por EEUU se estaría convirtiendo en diésel (vía procesos del tipo “Gas-To-Liquids”, por ejemplo) reduciendo la demanda y, por tanto, las importaciones de petróleo de EEUU.

En tercer lugar, el agravamiento del cambio climático habría generado una fuerte presión de la opinión pública sobre los gobiernos de muchos países desarrollados y emergentes para acelerar la sustitución del petróleo por energías alternativas renovables y no renovables, así como mediante procesos de electrificación de la industria automotriz global. En el primer caso, se ha observado en los últimos años que la cuarta potencia del mundo (Alemania) viene dando un vigoroso impulso a las energías (solar y eólica) renovables desplazando de su matriz energética no sólo a la energía nuclear sino también a los hidrocarburos. Y, en el segundo, los cerca de 700 mil vehículos eléctricos enchufables y más de 7 millones de vehículos eléctricos híbridos convencionales actualmente circulando en la Tierra ya estarían comenzando a reflejarse asimismo en una disminución cada vez mayor de la demanda de los principales derivados del petróleo (gasolina y diésel).

Como quiera que ninguna de las tres razones parece ser meramente coyuntural, me atrevo a argumentar más bien que todo esto explicaría el gran apuro del Gobierno en el momento actual por avanzar rápidamente hacia un proceso amplio de exploración de hidrocarburos en diferentes regiones del país para profundizar el modelo extractivista al que ha apostado desde 2006 y porque es la única carta de que dispone para evitar un eventual colapso social en Bolivia. El problema es que todas las inversiones que el Gobierno - contra viento y marea- quiere hacer ahora podrían estar ya a destiempo de una posible crisis de la economía mundial para la que, un país tan desindustrializado como el nuestro, se encuentra muy lejos de contar con blindaje alguno.

El autor es economista.