ANP sugiere modificar Ley 026

Para lograr una mayor amplitud en la información electoral, de las organizaciones políticas y actores, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) plantea que la Ley 026 de Régimen Electoral se modifique en sus artículos que ‘limitan’ la actividad periodística y por lo tanto ‘restringen’ el acceso a la información.

“Es urgente, el TSE debe cambiar todas las normas que han restringido el trabajo de acceso a la información porque el voto tiene que ser un voto informado y consciente. La ciudadanía tiene derecho a conocer en fondo las propuestas de los candidatos”, afirmó a EL DIARIO el director ejecutivo de la ANP, Juan León.

El planteamiento de la ANP surge tras el informe de la Sociedad Interamericana de la Prensa sobre el proceso electoral de Bolivia. El mismo afirma que esta actividad democrática mostró la fragilidad de las libertades constitucionales con un poder político que restringe la libertad de expresión y pone en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“La imparcialidad de la institución responsable de dirigir los comicios ha quedado en duda. Ya anteriormente, sus miembros, algunos de los cuales son cercanos seguidores del presidente Evo Morales, impusieron a los medios y empresas encuestadoras la obligación de registrarse a fin de que sean habilitados legalmente para realizar estudios de opinión y encuestas sobre preferencias electorales”, dice parte del documento.

Para el representante de la ANP, el “Tribunal Supremo Electoral se ha sobrepasado en sus funciones, ha pretendido coartar la libertad de expresión al imponer restricciones y lineamientos a las empresas encuestadoras que al final han sido quienes han marcado el resultado electoral”.

En ese afán, plantea la modificación de la norma electoral antes de la realización de las próximas elecciones para autoridades regionales que será el primer semestre del próximo año. “Que el Tribunal Supremo Electoral organice las elecciones actúe en su campo como es debido y que no se meta a legislar en un campo que no es de su competencia como es la libertad de expresión y de información”.