Sube número de farmacias legales

El Servicio Regional de Salud (Seres) reportó que el número de farmacias legales en la urbe alteña se incrementó en los últimos meses, por lo que ahora se tienen registradas a 200 droguerías, informó a EL DIARIO la responsable del área María Eugenia Yañez.

Asimismo, dio a conocer que este número representa el 80% de estos negocios en la urbe, lo que deja a 50 de estos negocios en la clandestinidad, porcentaje que se elevó a consecuencia de los operativos implementados por parte de dicha entidad a las farmacias donde se revisó no sólo la legalidad documental, sino que la atención de la misma sea realizada por parte de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico.

Agregado a ello, se informó que 20 droguerías clandestinas habrían sido clausuradas la pasada semana, las cuales no sólo no tenían un registro legal, sino que pese a haber sido anteriormente notificadas por no atender a la población mediante un regente farmacéutico profesional, dichas entidades continuaban funcionando pese a la irregularidad.

A pesar de esto, Yañez aseguró que la mitad de las farmacias observadas se encuentran regularizando su documentación, además de contratar al personal profesional conforme establece la norma.

“En muchos de los casos los propietarios de los farmacias no responden a la profesión que debe atender al público, siendo en algunos casos profesionales en salud, pero no son bioquímicos farmacéuticos”, observó la entrevistada.

Yañez observa que los propietarios de las farmacias pretenden suplantar las atenciones de los regentes farmacéuticos con profesionales en salud, factor que incumple la norma y genera el riesgo de clausura a los negocios en caso de no modificar las atenciones al público conforme estipulan los requisitos.

OBSERVACIONES

Por otra parte, bajo criterio de la funcionaria del Seres, la idiosincrasia permite el funcionamiento de una farmacia “como si fuera tienda de barrio” sin que los propietarios se preocupen por el cumplimiento de la norma o de los requisitos que esta entidad debe cumplir antes de que se presente una inspección. Asimismo, afirmó que este factor cultural es un reto que la entidad de salud debe enfrentar.

“En las supervisiones se incluyen las sanciones de Bs 3.000, que debe ser canceladas cuando el propietario regularice sus trámites”, indicó.

Una segunda observación generada por Seres se concentra en la cultura ciudadana de la población que acude a las farmacias sin receta médica buscando que el regente farmacéutico sea quien diagnostique sus afecciones y prescriba el medicamento correspondiente, aspecto que puede ser sancionado, más aún cuando existe el riesgo de ocasionar una gravedad en la salud de la persona o el fallecimiento de la misma.

Si bien no es tarea de los regentes farmacéuticos diagnosticar o medicar, ellos sólo debieran cumplir una labor de dispensar y orientar en cuanto a la dosis y el tratamiento de los medicamentos que no debería suspender el paciente. “Ellos no deben proponer una medicación o diagnosticar a las personas, siendo esta labor sólo del médico correspondiente, factor que es identificado como una cultura establecida por la población que recurre a una farmacia”, resaltó.

Un segundo factor que está prohibido por parte de los regentes farmacéuticos es la aplicación de inyecciones, aspecto que si bien no se tiene la certeza de que dicha disposición se cumpla, Yañez no pierde la esperanza de que la misma sea respetada luego de las supervisiones realizadas a las farmacias y las recomendaciones brindadas a los profesionales encargados.

Una de las debilidades de la Unidad de Farmacias del Servicio Regional de Salud es la falta de personal para llevar adelante el control correspondiente a las 250 farmacias de El Alto, teniendo en la actualidad sólo un responsable para la tarea de inspección, lo que es totalmente insuficiente.