Postergan juicio contra magistradas


El juicio de responsabilidades contra las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Rosario Chánez, acusadas por el delito de incumplimiento de deberes al paralizar la Ley del Notariado, fue suspendido hasta el 4 de noviembre por el Senado.

Esta instancia legislativa ejerce como Tribunal de Sentencia en este proceso contra las dos magistradas que fueron suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El presidente del Senado, Eugenio Rojas, explicó que la suspensión del juicio se debió por la inasistencia de la magistrada Velásquez, quien no retornó al reinicio de la audiencia prevista para las dos de la tarde de ayer ya que en horas de la mañana, como inicialmente se tenía previsto el inicio del juicio, la magistrada sufrió un desmayo en las gradas del hemiciclo parlamentario.

“Este Tribunal suspende la presente audiencia señalando otro día y hora de audiencia para la instalación de juicio oral para el día martes 4 de noviembre a horas 16 quedando notificada las partes presentes en esta audiencia. Asimismo, se dispone la notificación a la acusada Ligia Velásquez debiendo hacerse presente con su abogado a la audiencia señalada para esa fecha”, dijo.

En tanto, el diputado Juan Carlos Cejas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, explicó que la magistrada Velásquez sufrió una descompensación en su salud y fue trasladada a un centro médico y no retornó a la hora establecida para el inicio del juicio oral, por lo que se postergó para otra fecha con el objetivo de resguardar la vida de las personas.

“Una de las magistradas (Velásquez) ha tenido una descompensación de salud, se ha puesto mal y debido a eso fue trasladada a un centro médico y se postergó para horas de la tarde, en horas de la tarde no se hizo presente la señora magistrada y conforme manda la ley podíamos haber solicitado nosotros declararle rebelde, pero tampoco queremos ir contra la vida de las personas”, manifestó.

En julio, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados encontró responsabilidades en las autoridades del TCP por haber admitido un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado.

 
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