Aprobado el Estatuto Autonómico del departamento de La Paz por el Tribunal Constitucional, su entrega a las autoridades tuvo lugar el 10 de septiembre pasado, pero el proyecto fue sancionado por la Asamblea Departamental el 13 de julio de 2011, después de mucho tiempo de su elaboración con la participación de los movimientos sociales, principalmente, pero sin que se hiciera patente la presencia de los sectores medios de la sociedad. El procedimiento señala la consulta o referendo para la ratificación o rechazo del Estatuto, situación que prácticamente viene a coincidir con la elección de gobernadores y alcaldes, señalada para marzo de 2015. Estamos ante dos hechos importantes, pero sin los tiempos adecuados.
Más complejo es el panorama del resto de los departamentos del interior por no haber sido sometidos sus Estatutos al control de constitucionalidad, inclusive en algunos casos no haber sido aprobados a nivel asambleísta. A propósito, el senador electo por Santa Cruz, Carlos Romero, manifestó que dicha omisión será objeto de una “ley corta” que obvie las dificultades, a fin que se elija gobernadores y alcaldes en el plazo que ya fue reducido por la Asamblea Legislativa.
Las autonomías departamentales todavía no superan la etapa formal y declarativa, no obstante que sus atribuciones están claramente definidas en la nueva Constitución y separadas de las atribuciones del Gobierno Central, aunque muchas también en una patente confusión de poderes, siendo éste un tema aparte. Más allá de la convocatoria electoralista, las autonomías en el país padecen de falta de voluntad política efectiva, indispensable para su verdadera existencia. En nuestro departamento puede decirse que nadie conoce el contenido del referido Estatuto Autonómico y por consiguiente se ignora las bases sobre las cuales se debe votar en el referendo.
En relación con el tema, la gobernación dice haber organizado una “comisión mixta” para la socialización. Entre lo poco trascendido surgen muchos interrogantes. Por ejemplo, al incluirse la productividad y el desarrollo departamental, se calla sobre el cómo de su realización y menos se menciona los recursos que los hagan posible. Se dirá que se trata de un documento principista. Si lo es, no es suficiente introducir temas como éste sin su pertinente complemento o bien legislarlos aparte.
En la presentación del Estatuto se afirmó que permite recuperar fondos que hasta ahora nutren las arcas nacionales. ¿Cuáles son esos recursos y cómo se los reintegrará? Son cabos sueltos. El texto, si bien es rescatable en otros acápites, retorna a la leyenda originaria de lucha contra la Colonia y las efectuadas en la República, de modo que su Preámbulo -importante en todo documento legislativo de fondo- omite el reconocimiento a referencias históricas pre Estado Plurinacional, que tuvieron la virtud de consolidar a Bolivia, como la batalla de Ingavi, por ejemplo, las movilizaciones de la paceñidad en las guerras internacionales en defensa del territorio y una serie de actuaciones republicanas que no se debe olvidar por cálculo coyuntural.
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