Menor fue vejada durante cinco años

Amenazas, hostigamiento y violencia psicológica fueron los factores usados por Óscar Cáceres Chura para evitar que su hija denuncie un supuesto abuso sexual al que fue sometida durante cinco años.

De acuerdo con las declaraciones de la madre de la menor, el abuso del padre inició cuando la víctima tenía 12 años de edad y la denuncia ante las autoridades competentes fue realizada hace dos años, sin embargo, hasta la fecha no se tiene un castigo para el presunto agresor.

La madre formalizó la denuncia el pasado año y en la actualidad crítica la parcialidad que existiría en jueces y fiscales en casos de violación, como consecuencia del poder económico que pueden lograr ofrecer las personas implicadas en dichos casos, quedando hasta el momento en la impunidad el culpable del presunto ilícito.

Además de la víctima, la pareja tiene una hija menor que conocía los hechos y también habría sido amenazada por el agresor. Los delitos fueron dados a conocer luego de que el padre dejara a la familia.

“Cuando él se fue de la casa y la amenaza de que si me contaban a mi mis hijas de lo que había ocurrido generaría mi muerte o que no me diera dinero, fue uno de los factores para que ellas se callen”, explicó.

Luego de que el padre abandona el hogar y deja de amenazar a sus hijas, ellas confiesan lo ocurrido, primero a sus tías, a su abuela y cuando se entera la madre, según aseguró, en primera instancia no creyó en la veracidad de los hechos, sin embargo, posteriormente optó por escuchar la historia y formalizar la denuncia en contra del padre. De acuerdo con el relato de la progenitora, ante la denuncia el supuesto agresor genera diferentes procesos de apelación al caso manteniéndose a la fecha libre e impune.

Si bien la madre busca los mecanismos para proteger su integridad, los recursos económicos y tiempo para mantenerse entre estrados judiciales y los pasillos de la Fiscalía son casi nulos, ante la imposibilidad de poder pagar una defensa legal, mientras que el sindicado mantiene la defensa designada por el Estado.

Por su parte, las dos hijas, una de ellas la más afectada por el abuso generado por su padre biológico, aún mantiene el temor de que su progenitor quiera vengarse y cometer feminicidio con su madre o con ellas, aspecto que impiden a que puedan continuar con su vida anterior, siendo la misma modificada, con la finalidad de evitar riesgos.

“No encontramos solución a esta impunidad, él pese al delito en la actualidad se hace la burla, aparece en fraternidades bailando, demuestra su felicidad, mientras que las audiencias son postergadas por la presentación de los memoriales por parte del sindicado”, lamentó.

Pese a haber presentado los informes de médico forense realizado a una de sus hijas y las declaraciones de la misma en contra de su padre, a la fecha ni el fiscal a cargo y menos el juez logran concluir con la detención preventiva de la persona culpable del abuso y peor aún con definir la situación procesal que en un año más podría ser declarada improcedente por no haberse cumplido los tiempos procesales.

A la retardación de justicia se suman las amenazas, amedrentamientos y persecuciones que realizaría Oscar Cáceres a sus propias hijas, buscando el colegio donde estudian, la zona donde viven o llamando por teléfono a los familiares más cercanos de su familia, aspecto que no logra ser sancionado ante, según declara la madre, una supuesta parcialidad generada por el propio Ministerio Publico.

En la actualidad, tanto la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) así como las defensorías de la niñez, por semana, registran dos y hasta tres denuncias de agresión o violación en contra de menores de edad, muchas de ellas cometidas al interior de sus hogares, donde los progenitores, serían los principales implicados.

En cuanto a las víctimas, ellas son sometidas a una serie de procesos policiales y judiciales que lo único que ocasionan es la revictimación de las afectadas, sin que dicho proceso de denuncia sea una garantía para que el denunciado o denunciados sean sancionados, detenidos y sentenciados.