Piden sanción a Fiscal acosador

La representación del Defensor del Pueblo en Potosí, ante denuncias recibidas de maltrato, violencia sicológica y acoso laboral por parte del fiscal del Departamento de Potosí, José Luis Barrios, además de una fiscal de materia y el auxiliar legal de esa repartición, contra varias servidoras de esa institución, realizó una investigación y confirmó estos extremos, por lo que emitió recomendaciones al Fiscal General del Estado y exigió procesar y sancionar a los responsables, según establecen las normativas.

Mediante un comunicado de prensa, el defensor del Pueblo Rolando Villena instruyó que se haga un seguimiento permanente al caso y pidió a las autoridades y especialmente al Fiscal General, que se realice una investigación exhaustiva, transparente, imparcial y urgente que “sancione y detenga estos hechos de vulneración de derechos humanos sin proteger a ninguna persona, así se trate de autoridades”, señaló.

En junio pasado, la representación en ese departamento recibió denuncias de dos servidoras de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos (Upavit), quienes acusaron a la fiscal de materia y a su auxiliar legal de varios actos de violencia, entre ellos el haber comparado a esa repartición con un lenocinio, situación que fue confirmada por sus compañeras de trabajo que también indicaron ser maltratadas y que callan por temor y por no perder su fuente laboral.

A esto se sumó que aparecieran en todas las oficinas de la Fiscalía, afiches con imágenes y frases denigrantes que hacían alusión a las dos servidoras, quienes presentaron una queja ante el Fiscal Departamental que, no obstante haberse verificado el origen de ese material en la computadora de uno de los sindicados, no tomó acciones disciplinarias y, por el contrario, amenazó a las denunciantes y sugirió que renuncien acusándolas de impulsar un complot en su contra, incurriendo en el delito de acoso laboral.

El Fiscal además habría advertido con tomar acciones en contra de quienes hablen con las dos servidoras denunciantes, lo que derivó, según los testimonios recogidos, a que el 90 por ciento del personal de la Fiscalía no les dirijan la palabra y que una de ellas sea excluida de sus actividades laborales.