Estado será demandado por $us 10 millones

Eduardo León, abogado de la magistrada Soraida Chánez, informó ayer que su cliente y colega también destituida del Tribunal Constitucional, Ligia Velásquez, evalúan la posibilidad de demandar al Estado boliviano por 10 millones de dólares como indemnización por la violación de sus derechos y garantías constitucionales.

La figura legal al que hizo referencia el abogado León para concretar la demanda se denomina “por repetición” (se puede obtener una sentencia favorable a ellos que anule el proceso que se está llevando en Bolivia y en consecuencia el Estado boliviano debe pagar una indemnización y reincorporar de forma inmediata a sus funciones a las magistradas).

León dijo que los intentos para frenar un proceso penal en contra su cliente y otras autoridades del TCP dentro el país se agotaron por lo que se acudirá a instancias internacionales para hacer conocer las vulneraciones de los derechos.

“La indemnización que vamos a demandar va superar los 10 millones de dólares en contra del Estado boliviano porque es un abuso y que se ha ido advirtiendo permanentemente de que no puede actuar el Senado nacional como juez penal”, manifestó el jurista.

León explicó que la suspensión y enjuiciamiento de las magistradas son de conocimiento de los diferentes organismos internacionales por lo que la demanda en contra del Estado sería por el posible hecho de “acción de repetición” y obtener una indemnización.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, afirmó que la Asamblea Legislativa “por esencia” no debería tratar un juicio de responsabilidades porque debería estar enmarcada a tribunales muy específicos.

León también recordó que la Comisión Internacional de Juristas hizo conocer su posición, sobre este proceso, indicando que existe “violación de derechos y garantías constitucionales, y de normas internacionales, porque en ninguna parte del mundo se ha visto que el Senado haga de Juez penal”.

El 4 de noviembre es la fecha fijada por la Cámara de Senadores para iniciar el juicio en contra las magistradas del TCP, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, acusadas por el delito de incumplimiento de deberes al paralizar la aplicación de la Ley del Notariado.

CUSI

Por otra parte, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó ayer la resolución de la acusación formal en contra del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, por la paralización de la Ley del Notariado.

El presidente del Comité del Ministerio Público de la Comisión de Justicia, Wilfredo Calani, informó a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que esta determinación fue aprobada unánimemente por lo que ahora corresponde remitir al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo para luego establecer la suspensión del cargo del magistrado Cusi.  

“Hemos remitido el respectivo informe para que puedan dar valor, rechazar el informe o en su caso ratificar el informe, en ese sentido estamos recomendando la acusación que a través de esta comisión se pueda remitir la misma a la Cámara de Diputados para que este formalice la acusación”, manifestó el diputado oficialista al mencionado medio digital.

En caso de que el pleno de la Cámara Baja apruebe la resolución emanada de la comisión de Justicia Plural, éste pasará a conocimiento del Senado, instancia que determinaría el inicio de juicio oral en contra del magistrado Cusi.