Las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, ambas sustituidas del Tribunal Constitucional, evalúan la posibilidad de demandar al Estado boliviano por 10 millones de dólares como indemnización por la violación de sus derechos y garantías constitucionales.
El anuncio corresponde a el abogado Eduardo León, quien sostuvo que la figura legal se denomina “por repetición”. Asimismo, dijo que los intentos para frenar un proceso contra la magistrada Soraida y otras autoridades del TCP se agotaron, por lo que se acudiría a instancias internacionales.