Exigen justicia en asesinato de enfermera

Familiares de Jeanneth Huanca, enfermera asesinada hace dos años, demandan justicia ante la supuesta dilatación del proceso que se lleva adelante contra el presunto asesino quien fue identificado como Cristian Condori.

De acuerdo con el reclamo de los manifestantes, el supuesto culpable permanece detenido en el penal de San Pedro pero logra dilatar el proceso judicial evitando salir a sus audiencias supuestamente por influencia de su padre quien sería un funcionario policial en la cárcel de Chonchocoro.

La familia de Huanca lamentó que en los estrados judiciales la retardación de justicia sea “un negocio permanente”, donde incluso los diligencieros solicitan recibir entre Bs 30 y 50 para entregar memoriales de citación o revisión de un libro judicial, sin incluir las series de imputaciones que realizan los abogados de la defensa en contra del sindicado con la finalidad de no lograr ningún avance en la formalización del proceso y menos lograr que llegue a sentencia.

La familia de Huanca identifica al padre del sindicado, el suboficial Felipe Condori, quien se encuentra destinado en el penal de Chonchocoro, como la persona que estaría obstaculizando la salida del imputado para asistir a las audiencias programadas. Razón por la que esperan que el Gobernador del Penal de San Pedro evite dicha influencia para que el procesado asista hoy a la audiencia programada a las 09:00 en el Tribunal Cuarto de Sentencia.

Cabe recordar que Jeanneth fue estrangulada por su concubino y luego escondida al interior de un ropero donde el cuerpo se mantuvo entre cinco a seis días para luego ser encontrado por su familia en estado de putrefacción. El hecho ocurrió el 31 de marzo del 2012, fecha desde que se inicia el proceso judicial por el delito de asesinato.

Huanca dejó una menor de siete años en la orfandad mientras el sindicado mantienen detención preventiva en el penal de San Pedro, postergando su sentencia.

DERECHOS

La familia de Huanca es apoyada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos quien observan que los procesos judiciales y la labor de los administradores de la justicia se torna cada vez más perversa en contra de la sociedad y revictimizando a las víctimas y la familia de ellas dilatando procesos, cobrando por memoriales de citación y aceptando “la chicanería legal”, expresó el presidente de la organización David Inca.

De acuerdo con el entrevistado, en dos años de un delito de asesinato donde queda huérfana una menor, el proceso legal se dilata, ante la ausencia del fiscal, un abogado, el juez o alguna evidencia de las muestras recolectadas.

“A ello se suma que si las familias no entregan el dinero desde Bs 30 a Bs 50 a los diligencieron del respectivo juzgado simplemente ellos no dan las citaciones y como no fueron citadas las partes la audiencia se posterga, hasta ese extremo de negocio está la justicia”, observo Inca.

Estos procedimientos son los que deben desaparecer en la nueva justicia de lo contrario no interesa las normas o leyes a ser aplicadas si no se modifica los procedimientos, las actos de corrupción y las formas de retardar al justicia, remarcó Inca.

Desde hace dos audiencias posteriores se habrían designado los jueces ciudadanos, aspecto que permite que el proceso pueda concluir con sentencia, pero dicho proceso fue continuamente retrasado ante la usencia del acusado, abogados y otros.

En alguno de los casos el sindicado dio a conocer que él no quería asistir a la audiencia programada aspecto que habría sido atendido por funcionarios policiales con el apoyo de uno de los familiares que sería parte de la seguridad en Chonchocoro, aseguró Inca.