En últimas semanas, altas autoridades del Gobierno, inquilino del Palacio Quemado desde hace ocho años, han hecho anuncios importantes que, seguramente, se cumplirán, como corresponde a todo gobierno que se precia de su seriedad. Los tres ofrecimientos han traído, por lo demás, relativa tranquilidad para diversos sectores de la economía y las actividades sociales.
Las tres ofertas consisten en lo siguiente. A mediados de agosto, el Ministro de Hacienda aseguró que ha terminado la era de las nacionalizaciones. Enseguida, en vísperas de las recientes elecciones nacionales, tanto el Presidente como el Vicepresidente del Estado han dado su palabra al pueblo, en sentido de que no se procederá a reformar la Constitución Política vigente y, finalmente, el Ministro de Hacienda ha declarado de forma tajante que durante todo el año siguiente la moneda boliviana no será devaluada.
De los tres anuncios, el más notable es el del Procurador General del Estado, quien manifestó al Consejo Directivo de la Confederación de empresarios que la etapa de nacionalizaciones en Bolivia ha concluido. En forma textual aseguró: “Creemos que la etapa de las grandes nacionalizaciones ya ha concluido… y por lo tanto se abre un período en el que nos toca construir instrumentos jurídicos que nos den estabilidad y certeza”.
En cuanto a la oferta de que no será reformada la Carta constitucional -para unos de derecha y para otros de izquierda- han dado su palabra oficial tanto el presidente reelecto, Evo Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera, quienes han insistido en sendas declaraciones públicas, es decir decisiones unilaterales de alto nivel oficial, que está descartada la posibilidad de que el nuevo cuerpo de legisladores cambie algunos artículos de la Carta Magna, en particular el que se refiere a permitir la reelección presidencial de manera indefinida.
Finalmente, el Ministro de Hacienda ha sido enfático al sostener que el tipo de cambio no será alterado y que cada dólar se mantendrá en Bs. 6,96 para la venta y en 6,86 para la compra, política que se aplica desde hace cuatro años. Argumentó que existen condiciones especiales que permiten asegurar esa política monetaria y que “no existe la necesidad” de dar ese paso, afirmaciones que, en general, hacen ver que el Gobierno ha ingresado en una etapa conservadora y dejará de lado presagios de todo tipo.
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