Chumacero desliga responsabilidad

El director de Seguridad Ciudadana del Municipio, Luis Chumacero, desligó responsabilidades en el caso de alteración de datos en la compra de cámaras fotográficas y filmadoras, asegurando que esta responsabilidad recae en dos exfuncionarios municipales.

EL DIARIO accedió a dos informes enviados por la autoridad en fecha 28 de octubre del 2014 a la Unidad de Capital Humano y Transparencia y Ética Institucional donde actualmente se investiga el caso.

La denuncia realizada por el Director de Seguridad Ciudadana hace dos días sería extemporánea, tomando en cuenta que hasta el mes de septiembre los dos funcionarios municipales Marco Vera y Rubén Ramos, a quienes responsabiliza Chumacero en el informe, continuaban como empleados de la entidad municipal, uno como Coordinador de la Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana y el otro como Responsable Administrativo de Secretaría Municipal Ejecutiva del Gobierno Municipal de El Alto.

Los equipos descritos en el documento, como vehículos, motocicletas, data shows, repuestos y accesorios de baterías para Handy, colchones frazadas, sabanas, equipos de oficina, tonner, equipos de computación, papelería, equipos de comunicación y cámaras fotográficas y filmadoras fueron entregadas en un acto público el pasado 23 de junio del presente año, sin embargo, desde ese momento, el Director de Seguridad Ciudadana no dio a conocer ninguna denuncia con relación a la modificación de características, datos de referencia y capacidades de las cámaras fotográficas y filmadoras razón por la que no se conocieron los hechos hasta después de la salida de la autoridad.

En el informe, Chumacero establece “que el proceso administrativo de adquisición de este equipamiento se inicia el 15 de marzo y debía concluir el 23 de junio del 2014, aspecto que no ocurrió por intervención de dos exfuncionarios públicos (…) quienes de mala fe retrasaron el cumplimiento de plazos y se encuentran en la actualidad observados en secretaría de despacho. Estos sujetos procedieron con el dolo a modificar y alterar los datos de referencia a las capacidades delas cámaras filmadoras y fotográficas, no cumpliendo con los términos de referencia”.

Por otra parte, se aclaró que ante esta irregularidad y pese haber presentado en público dichos equipos, a la fecha no se hace entrega al Comando Regional de la Policía en El Alto.

Si bien el informe recomienda que estos dos funcionarios no sean a futuro contratados por ninguna Dirección del Gobierno Municipal de El Alto, lo que no se define es la razón por la que el hecho se mantuvo en silencio por el lapso de cinco meses.

CHUMACERO

Por otra parte, EL DIARIO tomó contacto con el director de Seguridad Ciudadana, coronel Luis Chumacero, quien no dio a conocer las razones por la cual se emitió la denuncia de irregularidades administrativas en la adquisición de equipos manera extemporánea.

“Las carpetas están observadas en despacho y es el motivo por el cual recién hago la denuncia. Además que recién hicimos conocer porque el dinero para la compra de estas cámaras nunca salió por un retraso administrativo y eso fue el principal motivo por el que no pude entregar estos equipos a la Policía, porque debo pasar todo el paquete y de no ser así la observación recaería a mi persona en auditoria”, señaló la autoridad policial.

Para Chumacero, no se habría hecho ningún daño económico, sólo fue un atraso administrativo, además asegura que no hubo ningún intento de sobreprecio, porque no se ha consumado ningún hecho doloso o el pago de los equipos.

En la actualidad, se conoce que otras carpetas de equipos adquiridos tendrían las mismas observaciones, razón por la que la Federación de Juntas Vecinales de El Alto podría solicitar una auditoría, tomando en cuenta que los aparatos fueron adquiridos para el control de la seguridad ciudadana, según explicó Oscar Ávila, ejecutivo de la organización.

Cabe recordar que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz exige identificar y denunciar hechos de corrupción ante la autoridad competente, denunciar la falta de transparencia y coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales por hechos y delitos de corrupción, en el momento en que se tiene conocimiento de estos, caso contrario se cometería el delito de complicidad en el ilícito.