Obras para bien común y tiempo de pedir cuentas

A nueve años de gobierno y a muy poco de iniciar otro período, seguramente que el presidente Morales y sus colaboradores han hecho análisis de lo invertido mediante donativos recibidos y préstamos contraídos en dos períodos. Entregas de dinero realizadas a alcaldes, corregidores, jefes agrarios y autoridades de todo rango en ciudades y áreas rurales con la finalidad de que realicen obras en pro del bien común.

Desde el inicio, año 2006, el Presidente obró discrecionalmente en la entrega de dinero a quienes, él creía, debían y podían ser responsables de la realización de obras de beneficio en las comunidades y que sirvan para mejorar los niveles de vida de la población. De alguna manera, se hizo lo que preveía la Ley de Participación Popular: contribuir a que las regiones, por sí mismas, con dineros del TGN atiendan las necesidades regionales y, luego, rindan cuentas de ello.

La Participación Popular consistió en la entrega de partidas del Presupuesto General de la Nación -consignadas específicamente para la concreción de obras de bien común- para que alcaldes, subprefectos y autoridades regionales o cantonales, bajo la supervisión de los Concejos Municipales y de las mismas comunidades verifiquen y controlen las obras; lamentablemente, por falta de vigilancia y control, la medida no tuvo los resultados esperados y, en casos, fue cimiento para la apropiación indebida de dinero por parte de algunos alcaldes y otras autoridades, en diversos puntos del país.

La intención presidencial, desde su inicio, fue confiar en quienes prometieron cooperar con su gobierno y manejar, honesta y responsablemente, los dineros confiados para la construcción de caminos vecinales, mejoramiento de calles y plazas, atención prioritaria a locales de educación y salud realizados con los debidos estudios, planificación y manejo disciplinado y honesto de los fondos. ¿Cuántas comunidades habrán cumplido con la decisión presidencial? ¿Cuánto habrá sido semillero para la corrupción?

Es urgente saber aspectos importantes sobre los dineros entregados: en primer término, debe conocerse la proveniencia del dinero que se entregó y gastó; es decir, quién donó, cuánto y en qué condiciones; por otra parte, qué préstamos se concretó y qué destino tuvieron; finalmente, establecer a quiénes se hizo entrega y con qué fines específicos. Hay que partir del principio de que hubo previamente, condiciones precisas para el uso de los financiamientos con anticipados estudios y planificación de lo que se pretendió realizar.

Es preciso tener en cuenta que el dinero público o privado no puede ser administrado bajo el libre albedrío de quien lo recibe, sujeto al incumplimiento de los fines propuestos y derivado al nepotismo, debido al hecho de no haber controles oportunos y bien realizados. La falibilidad del ser humano da lugar a aplicar el viejo dicho “En arca abierta hasta el santo peca” y ello pudo haber ocurrido en muchos de los objetivos fijados y que la deshonestidad hubiese dispuesto arbitrariamente.

Quienes han recibido dinero, entendiéndose que es del Estado y no patrimonio personal de nadie, están obligados a rendir cuentas pormenorizadas, de otro modo, querrá decir que hubo malversación y hasta apropiación indebida que es parte de la corrupción. Si se comprueba estos casos, habrá que exigir la restitución debida y procederse al juzgamiento de quienes han obrado en contra de las leyes y de la confianza depositada.

El régimen gubernamental, casi en vísperas de asumir nuevamente el gobierno del Estado, está obligado, por propia responsabilidad, a exigir que los que reciben dineros del Estado, rindan cuenta debida de su administración y uso en las tareas encomendadas a ejecución y control hasta su entrega al servicio público.

Establecer realidades sobre este caso es, innegablemente, sentar precedentes para el futuro y crear, además, condiciones precisas para que hayan respuestas positivas en confianza, honestidad y responsabilidad por parte de quienes reciben la encomienda de realizar obras con dineros entregados por el gobierno.