“Ropavejeros” piden reconversión

Tarija (EL DIARIO).- Con una marcha por el centro de la ciudad, vendedores de ropa usada (ropavejeros) dieron inicio al ampliado nacional del sector que se reúnen en Tarija con la finalidad de analizar las acciones a realizar en defensa de sus fuentes de trabajo, tras los contantes decomisos por la Aduana. El ingreso y venta de ropa usada a nivel nacional, está prohibido por el Decreto Supremo 28761.

El evento que concluirá este martes, se lleva adelante en la sede gremial, con la presencia de dirigentes y representantes de base de las nueve ciudades capitales del país, más El Alto, que arribaron a la ciudad para participar del ampliado.

Durante la manifestación, los marchistas denunciaron que desde hace siete años los vendedores de ropa usada se sienten sistemáticamente perseguidos por personal de la Aduana que realiza decomisos de la mercadería en todo el país y que se desconoce el destino del producto que detenido.

Luz Apaza, dirigente nacional de los vendedores de prendería usada, indicó que en todo el país, los vendedores de ropa usada superan los 50 mil y en el caso del departamento de Tarija este oficio es el sustento de al menos 1500 familias, es por eso que piden al Gobierno nacional respetar la fuente de trabajo.

Recordó que las familias se dedican a vender ropa usada por falta de fuentes laborales. Sin embargo, manifestó que están abiertos al diálogo con autoridades nacional, pero también están dispuestos a defender sus fuentes de trabajo, en caso de no tener respuestas.

“Nosotros le pedimos al Gobierno, cumplir el convenio firmado el 18 de mayo del 2011, donde se acordó que los vendedores detallistas puedan contar con tarjetas de identificación”, dijo.

A tiempo de recordar que la ministra de desarrollo productivo y economía plural, Teresa Morales, habría señalado que dialogará con el sector después de las elecciones nacionales, por lo que ahora piden hablar sobre el tema.

CONVERSIÓN

En lo que respecta a la conversión del sector, Apaza indicó que la iniciativa del Gobierno no prosperó porque fue impuesta, no tuvo consenso, menos dialogada con el gremio.

“Recordarán que de los 180 millones de bolivianos que se destinó al sector para la reconversión se perdió como 11.5 millones de bolivianos, según la ministra Teresa Morales, recurso que nosotros no sabemos cómo, ni dónde se ha invertido”, comentó.

Tras señalar que también exigirán se esclarezca en que se invirtió los 11.5 millones de bolivianos que el sector no recibió y que ahora supuestamente adeudan al Estado nacional.