Pena de muerte y castración a debate

Ante los actos de violencia ocurridos en los últimos días, sectores del legislativo proponen reabrir el debate sobre la pena de muerte y la castración como pena máxima. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, legislador del oficialismo, expresó que podría contemplarse estos castigos ejemplares para “violadores y asesinos de niños y mujeres”.

“Si queremos hacer algo para que empiece el debate, se debe empezar por cambiar la Constitución Política del Estado (CPE). Modificando esta puede existir la cadena perpetua pero también tenemos que obedecer y acatar los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, este es un largo debate”, sostuvo Calle.

Al respecto, el diputado electo por Unidad Demócrata (UD), Luis Felipe Dorado, sostuvo que el debate, abierto en más de tres ocasiones en la Cámara de Diputados, ya fue evitado anteriormente por el oficialismo para evitar una modificación a la Carta Magna en un acto destinado a encubrir a los delincuentes.

“La pena de muerte y castración fue planteada anteriormente por la oposición en la Asamblea Legislativa, la población debe recordar que fue el Movimiento Al Socialismo que no quiso tratar el tema para no modificar su Constitución, eso es una especie de complicidad con los delincuentes que no temen a los 30 años de cárcel?”, manifestó Dorado.

En las gestiones 2009 y 2010 fue abierto el debate de la castración química, en la Asamblea Legislativa, sin embargo en la ocasión, debido a que la CPE no contempla estas medidas por defender la vida, fue descartada como una modificación al código de procedimiento penal.

De la misma, en agosto de este año luego del asesinato de la modelo Sophia Calvo, desde Santa Cruz se pidió se retome el tema, a lo que la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, y el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, respondieron descartando toda iniciativa de incluir en la legislación boliviana estas dos medidas.

No obstante, a criterio de la ministra Gutiérrez, en ese entonces, existen casos donde se justifica la aplicación de la pena de muerte, empero aclaró: “Somos un país donde no estamos en condiciones para adoptar este tipo de medidas”.