Municipios deben definir empresa de agua

Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), las alcaldías del eje metropolitano no asumen responsabilidad para la creación de la nueva empresa de agua.

El director ejecutivo de la AAPS, Edson Solares, en contacto con EL DIARIO, informó que de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es competencia de los gobiernos autónomos municipales la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, lo que significa que la responsabilidad de conformar una empresa metropolitana de agua es trabajo exclusivo de los municipios de La Paz, El Alto, Achocalla, Laja, Mecapaca, Palca y Viacha.

Señaló que la AAPS como Entidad de Regulación del Nivel Central de Gobierno no tiene la responsabilidad de la organización de una EPSA.

Consultado sobre los insumos que se les habría facilitado a los municipios para conformar la nueva empresa dijo que en cumplimiento de la Resolución de Revocatoria de la Autorización Transitoria Especial y al Plan de Intervención de Epsas, se remitieron a los gobiernos municipales todos los informes técnicos, administrativo financieros y legales que hacen a la organización y funcionamiento de Epsas, como operador del servicio, así como de Samapa, en su calidad de propietaria y arrendadora de la infraestructura de agua, a fin de que en el marco de sus competencias asuman determinaciones respecto del futuro, transformación o extinción de estas entidades.

Asimismo, manifestó que se realizo un taller y reuniones de socialización con los diferentes alcaldes y autoridades municipales, sin embargo hasta la fecha no hicieron conocer ningún avance.

“En relación a esta falta de acción de los municipios considero que son sus autoridades quienes deberán responder estas preguntas, pero desde luego que esto perjudica las gestiones que se están haciendo en Epsas”, manifestó.

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL

En criterio del investigador Julián Pérez, la Comisión Interinstitucional de creación de la empresa aún está vigente, la misma que se encuentra constituida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), los dos gobiernos municipales de La Paz y El Alto y las dos Fejuve, también de ambos municipios.

“Son ocho años y aún no se cuenta con un resultado por la asimetría de posiciones, respecto al modelo de empresa, por su parte, los gobiernos municipales que buscan la división del sistema y que cada ciudad cuente con  su propia empresa y la Fejuve El Alto que buscaba un modelo más democrático, participativo y transparente donde se refleje el concepto de derecho humano. Esta situación de incertidumbre y transición que dura nueve años genera que la empresa sufra la intromisión y el manoseo político del actual Gobierno a través del MMAyA y organizaciones sociales”, dijo.

CORRUPCIÓN

Consultado sobre hechos de corrupción que se habrían cometido en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) sobre nepotismo, cobro irregular de bonos e ítems fantasmas dijo que todas las denuncias presentadas por el señor Ticona, respecto a que habrían usado su nombre para cobrar sueldos de la prestadora de servicios sin él haber firmado contrato alguno, fueron remitidas a la Fiscalía para su investigación.

“Evidentemente el señor Julio Ticona y el señor Marco Antonio Ramos hicieron llegar denuncias de la comisión de ‘supuestos delitos’ cometidos por funcionarios de Epsas, al respecto quiero hacer conocer que de acuerdo a la Ley es el Ministerio Público y la Felcc las encargadas de investigar, identificar y procesar la comisión de delitos, la AAPS como Entidad de Regulación no tiene esa competencia, en tal razón las denuncias presentadas por el señor Ticona fueron remitidas a estas instancias para su investigación. En relación al pago de bonos y otros, la AAPS en el ámbito administrativo instruyó la realización de una auditoría especial, la Entidad actuará de acuerdo a las recomendaciones de la misma”, dijo.

Al respecto el doctor Marcos Ramos, quien denunció a la Fiscalía estos hechos de corrupción manifestó que de acuerdo a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la Corrupción cuyo fin es detectar y sancionar la corrupción, el director de la AAPS debiera ser parte querellante como responsable de la intervención a Epsas cuyo propósito fue transparentar la administración además de garantizar los servicios.

“Lo cierto es que se puede evidenciar en la resoluciones de la intervención a Epsas y de los poderes que se otorgan al interventor, la ausencia de medidas de fiscalización y sanción al interventor, señal de que la intervención fue manejada de manera irresponsable e improvisada, esto puede derivar en incumplimiento de deberes de la autoridad de regulación y del propio Ministro”, concluyo Ramos.