¡Justicia!

La palabra que encabeza esta publicación ha sido y es reiterada con mucha frecuencia por muchos ciudadanos a gritos, con indignación, rabia y hasta con llanto en nuestro medio, como pedido y clamor popular tantas veces negado por las autoridades.

La palabra como tal encierra un cúmulo de emociones y situaciones que van desde un simple reclamo particular hasta un pedido de una muchedumbre enardecida que no tiene otro medio para hacerse escuchar.

Más allá de la justicia o no de cada manifestación al respecto, la justicia como tal, entendida como dar a cada uno lo que le corresponde, está delegada en su aplicación al Órgano Judicial que a través de sus diferentes reparticiones, como ser el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales, Juzgados en materia civil, Juzgados de Familia, Juzgados en materia Penal, etc., etc., etc., tienen el deber de impartirla a través de sus administradores que son los jueces.

De modo que si uno busca justicia, deberá hacerlo en las reparticiones judiciales creadas para tal efecto, es decir deberá recurrir a los juzgados o tribunales en atención además a que está prohibido hacerse justicia por las propias manos.

La justicia y su administración se basa en los principios de: seguridad jurídica, celeridad, gratuidad, transparencia, probidad, honestidad, inmediatez, eficacia, eficiencia, etc., etc., etc., que están consagrados en la Ley del Órgano Judicial como en la Constitución Política del Estado.

A los fines de controlar y fiscalizar la correcta labor de los jueces y personal subalterno se ha creado el Consejo de la Magistratura como ente disciplinario tendente a sancionar posibles faltas de los funcionarios del Órgano Judicial.

Bueno, hasta aquí todo eso es teoría, pura teoría, casi romántica, porque la realidad es totalmente diferente.

La seguridad jurídica, entendida como la garantía de la aplicación objetiva de la ley, la sabemos inexistente; la celeridad e inmediatez no pasan de ser sofismas líricos, pues para un simple proveído el expediente está en despacho del juez hasta un mes o más, siendo que figura en el Libro Diario que registra la entrada y salida de expediente a despacho como si la petición hubiera sido resuelta al día siguiente de presentada, cometiendo el delito de retardación de justicia y falsedad ideológica; la gratuidad principalmente en lo que respecta a las notificaciones es una burda utopía, porque los prepotentes Oficiales de Diligencias extorsionan y chantajean a las partes impunemente, pues si no se les paga y bien, no cumplen su deber de notificar, incluso llegan al extremo de contratar vehículos que se parquean a media cuadra del Consejo de la Magistratura, cuyos choferes cobran exorbitantes sumas de dinero a los litigantes para hacer los recorridos de notificaciones, dejando entrever que dichos funcionarios participan de esas ganancias extorsivas y aparte hay que pagarles a ellos por cada notificación.

Con referencia a los principios de transparencia, probidad, honestidad, basta saber que muchos jueces y personal subalterno de juzgados están con detención preventiva y las denuncias de corrupción son diarias. En lo que toca a los principios de eficacia y eficiencia, todos sabemos que los mismos están ausentes en la administración de justicia.

Pero si lo anterior fuera poco, resulta que personas inexpertas, seguramente bien intencionadas, pero sin el más mínimo conocimiento de la práctica forense, se dan el lujo de mal asesorar al Órgano Legislativo que emite irresponsablemente leyes sin ningún respaldo de implementación, como las notificaciones vía correo electrónico que al presente no existen, pues ni siquiera hay Wi Fi en los Tribunales Departamentales.

O con motivo de la última ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema procesal Penal, que repone nefastamente las vacaciones anuales individuales del personal del Órgano Judicial, en cuyo caso y como en similares experiencias anteriores, el remedio resultará peor que la enfermedad, porque basta que falte un funcionario en los juzgados para que las causas se aglomeren, peor si falta el Oficial de Diligencias -léase rey chiquito-, un auxiliar o secretario, incluso hasta el juez y mucho peor, como seguramente ocurrirá, si faltan dos funcionarios por estar en vacaciones, así sean de diferentes juzgados, pero en la misma materia.

Está por demás visto que la gran asignatura pendiente de este Gobierno es hacer realidad una justicia tal y como lo prescribe la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial, que por el momento no pasan de ser simples enunciados líricos, totalmente inaplicables en la verdadera práctica cotidiana forense.

Se necesita una reingeniería radical que elimine de raíz los males endémicos que aquejan a la justicia y a su administración, mientras tanto los ciudadanos sedientos de justicia sólo podrán salir a las calles gritando: ¡Justicia!