Prolongan detención de suboficial Gil

Ángel Salazar, máxima autoridad del Juzgado 9º de Sentencia Liquidador, determinó ayer que la Sala de Apelaciones y Consultas, del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM), en un plazo no mayor a tres días, subsane las observaciones presentas por la defensa del uniformado. Sin embargo, el plazo correrá a mediados del mes de febrero del año 2015, cuando se reinicie el año judicial castrense.

Sin tomar en cuenta que de confirmarse la ilegalidad en la detención del suboficial Johnny Gil Leniz, pasará al menos diez meses detenido en calabozos del Estado Mayor.

Dentro de las fundamentaciones dadas por el Juez, en su fallo, se reiteró las observaciones en sentido de que la Sala de Apelaciones y Consultas del tribunal militar, debe subsanar los riesgos procesales incrementados por esta instancia por no tener la competencia.

Pero, en el caso de la libertad, para que el suboficial retome su libertad, Salazar aclaró que esta solicitud debe ser analizada dentro de las instancias militares “del mismo modo, tampoco amerita pronunciamiento alguno, de este Tribunal Respecto de las supuestas vulneraciones por los miembros del Tribunal Supremo de Justicia Militar, quien no fueron parte de la demanda en esta acción tutelar”, señaló el Juez.

La decisión dejó desolada a la familia del militar, que al término de las audiencias reclamó por la vulneración del derecho a la libertad. Entre ellos, estaba la madre del uniformado que a pesar de sus 67 años, en agosto, se declaró en huelga de hambre, solicitando atención por parte de las autoridades militares y el ministro de Defensa quien soslayó su extrema medida y la calificaron de campaña electoral. Por otra parte, ya fuera de la sala, familiares del suboficial denunciaron que los abogados de los magistrados militares habrían llegado con antelación para sostener una entrevista privada con el Juez, aspecto que no pudo ser corroborado pues dichos abogados abandonaron en forma abrupta la sala una vez concluida.

Los suboficiales, Freddy Sucojayo, Franklin Colque, miembros de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y Johnny Gil Leniz, del Ejército, fueron los voceros de todo su sector durante las movilizaciones en abril y están detenidos desde el mes de mayo.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en anterior oportunidad declaró que el reiterado desacato de los tribunales militares a las acciones de libertad ordenadas por tribunales constitucionales y la falta de un proceso adecuado tienen el fin de amedrentar, de manera sistemática cualquier actitud parecida de los suboficiales.

Suboficiales y sargentos marcharon pidiendo la adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), que entre sus artículos aún mantiene la pena de muerte, limita la formación académica para este sector y, sobre todo, es considerada discriminatoria como lo denunciaron, las esposas de los militares durante las movilizaciones de abril que protagonizaron junto a su esposos.