Defensorías reafirman tarea por trata de personas

En una reunión entre representantes de la Defensoría del Pueblo en El Alto y personal similar de Puno-Perú se observó con preocupación la problemática de trata y tráfico de personas que se genera en puntos fronterizos como Desaguadero.

De acuerdo con José Luis Hidalgo, representante de la entidad alteña, muchas de las víctimas tienen como destino la región de la Arrinconada, centro minero aurífero donde funcionan 400 lenocinios, bares, cantinas y otros negocios de este tipo.

Agregó que las autoridades de ambas defensorías participaron de un conservatorio con la finalidad de dar a conocer la situación preocupante con relación a la trata y tráfico de personas en diferentes actividades económicas instaladas en inmediaciones de la mina aurífera La Arrinconada, donde no existe presencia policial.

Hidalgo sostuvo también que la situación de abandono por parte del Estado en la problemática de trata y tráfico de personas es la misma en ambos países, porque no existe ninguna política pública para prevenir, evitar y menos desarticular las redes existentes de tratantes de personas instaladas en esta región.

“La existencia de 400 bares, cantinas, lenocinios y actividades de prostitución, no tiene ningún control policial, al estar ubicado a más de 5.000 msnm, donde la ubicación geográfica, por estar encima de una colina, permite que toda acción policial sea confrontada por los propios mineros o población de dicada a este ilícito”, remarcó.

En ocasiones excepcionales, la Policía boliviana y peruana coordinan para lograr recuperar a alguna menor de edad en este sector, siempre y cuando se tenga la certeza de que la misma está ubicada en uno de los clubs con precisión, caso contrario no se aplica ningún operativo de oficio por parte de ninguna autoridad policial del Perú en los locales de la Arrinconada.

De acuerdo con el diálogo recabado por parte de la representación del Defensor del Pueblo en Puno, se habría denunciado la presencia ilegal de menores, adolescentes y adultas del sexo femenino en dicho sector, prestando servicios sexuales, pero sin definir en detalle la existencia de cuántas redes de prostitución se concentran, para mantener dicha actividad en los 400 locales existentes a puerta abierta.

En el lugar se detectó la presencia de ciudadanas bolivianas, peruanas y colombianas, que se mantienen en dichos locales, donde queda pendiente una visita de esta instancia en el marco de la defensa de los Derechos Humanos a nivel internacional, sobre la presencia de estas personas y en qué condiciones realizan dicha actividad en ese sector.

“Los propietarios de los locales incluso no son visibles cuando se busca un caso determinado y la instancia policial, sólo coordina con sus representantes, por lo tanto es muy complicado la administración ilegal de la prostitución en la Arrinconada, donde existen mecanismos de auto protección”, indicó.

La actividad minera en La Arrinconada tienen sus propios mecanismos de control, donde si bien contrata personal, pero es el propietario de esa concesión, quien destina un día de producción en beneficio de sus trabajadores y de esa producción se divida entre ellos, mientras que los demás seis días trabajan para los concesionarios de esas minas.

Basado en el convenio firmado entre ambas defensorías del Pueblo, Perú y Bolivia, se definirá realizar trabajos mancomunados y planificados, con la finalidad de proteger los Derechos Humanos de la población que trabaja en dicho sector, aspecto que evitaría el proceso burocrático y poco favorable de las instancias diplomáticas.

CONSERVATORIO

Por otra parte, en el conversatorio realizado en Desaguadero se observó que si bien los mecanismos de control aún son insuficientes en este punto fronterizo, el interés de las autoridades comunitarias, policiales municipales y educativas aumenta para buscar políticas interinstitucionales que prevengan los delitos como la trata y tráfico de personas.

El encuentro con las instituciones y organizaciones sociales permitió que las entidades que atienden la temática de trata y tráfico de personas observen el poco apoyo que realiza el municipio de Desaguadero a las entidades policiales en la entrega de combustible, aspecto que impide el patrullaje y control de salida de menores por las vías conocidas al sector del Perú, además de las rutas alternas.

“La norma establece que el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) deberá ser destinado para los controles policiales en las temáticas de trata y tráfico de personas, aspecto que fue reconocido por la autoridad municipal, quien habría manifestado el cumplimiento de la norma”, expresó Hidalgo.