La asambleísta departamental, Edwin Gutiérrez, informó que los hogares dependientes de la Gobernación de La Paz tienen un presupuesto de Bs 1,50 por día, para cada niño. Este monto cubre gastos de alimentación, vestuario y otros que los pequeños requieren.
La autoridad dio a conocer que la Comisión de Desarrollo Humano de la Asamblea Departamental evidenció que los niños de estos hogares reciben pocos recursos de la Gobernación, montos que además son mal administrados porque en los depósitos existen algunos alimentos que tienen la fecha de vencimiento pasada.
En visita realizada al hogar de la Fundación La Paz que tienen convenios con la Gobernación constataron que este hogar que atiende a 80 personas tiene recursos sólo para 77 menores, por lo que la institución hace lo posible para distribuir los recursos entre todos.
Asimismo, dijeron que el hogar de Villa Armonía está con personal escaso, por la culminación del convenio, quedando niños desamparados, a cargo de cocineras y gendarmes.
Gutiérrez señaló que la infraestructura del hogar de Villa Fátima es reducida. “Los niños y jóvenes comparten aulas, ahí se encontró leche vencida, lastimosamente se evidencia la existencia de una mala administración de la comida”, lamentó.
Otra anomalía que encontró la comisión en este hogar fue que de un total de 50 beneficiarios sólo se da de comer a 35.
Los legisladores se apersonaron a un centro de la Alcaldía paceña, institución que también contempla un convenio con la Fundación La Paz, donde tienen una mejor infraestructura, contemplando más acogida y más comodidad para los menores.
RETARDAN PROMULGACIÓN DE LEY
Desde el 20 de mayo de 2014 a la fecha, el Ejecutivo Departamental no promulga la Ley Departamental de Regulación de Centros de Atención integral, que norma el cuidado de los niños, pese a que esta instancia tiene doce días para difundir u observar el documento, denunció el asambleísta paceño, Javier Tejerina.
La ley toma en cuenta los derechos y deberes de los niños y jóvenes, que son acogidos de forma diaria, donde lo más resaltante es el derecho a vivir sin abusos o negligencias, a recibir cuidados médicos, la privacidad, ser informado del costo de los ciudadanos, la toma de sus propias decisiones, recibir visitas, entre otros.
Los deberes de los residentes es proporcionar información personal y fidedigna, denunciar cualquier maltrato y/o negativa de atención médica en las instituciones de acogimiento, tratar con respeto al personal que lo atiende, trasferencia o permanencia de las necesidades que demande o que su permanencia presente una amenaza de seguridad hacia los demás, entre otros.
Las atribuciones de los legisladores paceños contempla el cumplimiento de la norma, registrar, acreditar, aceptar y/o cerrar los centros integrales, emitir resoluciones administrativas, controlar periódicamente, cumplimiento de los requisitos, finalmente remitir informes trimestrales.
El reglamento clasifica a los hogares en: albergues transitorios, donde se permite que los niños sean devueltos a sus padres, alojamiento permanente, porque los menores se quedan de forma indefinida y sin retorno con su familia.
Por otro lado, los centros deben contar con informes trimestrales de los psicólogos, pedagogos, médicos y social de la población atendida.
Los trámites administrativos de los centros de acogida están tomados en cuenta para un mayor control, donde figura: naturaleza de la institución, infraestructura adecuada, identificación de sus representantes, personal de trabajo, según el proyecto de Ley.
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