Asalto a propiedades, impunemente y sin freno

Hay hechos y situaciones en el país que no tienen explicación: un hecho delictivo, hasta los peores extremos, es el asalto a propiedades ajenas, especialmente agrícolas, ganaderas y viviendas en la región oriental, con incidencia en Santa Cruz que tiene mejores fundos agrícolas y mejor organizados. El Beni y otros departamentos no quedan al margen de la delincuencia que busca ser propietaria de lo que no les pertenece y menos le ha costado inversiones, esfuerzos, dedicación, disciplina, trabajo tesonero y otras condiciones necesarias para lograr el desarrollo nacional.

Las autoridades, ante la multiplicidad de denuncias, poco o nada hacen; lo más conocido es que “la Policía haría las investigaciones del caso” o “el INRA asumirá las acciones que corresponda”; pero, ¿cuántas propiedades han sido devueltas, con intervención de la Policía o del INRA? ¿A cuánto llegan las pérdidas sufridas por los legítimos dueños? ¿Quién paga los daños que se ha hecho, el ganado que se ha vendido ilegalmente, la producción que fue dispuesta arbitrariamente?

Hay que convenir en que los estrados judiciales poco o nada hacen, tanto por su pésima administración como por el manejo discrecional de la justicia, en la que poco o nada importa a muchos jueces y fiscales. Por supuesto, los cuadros policiales están en resguardo de bancos y otras instituciones, cuidan representaciones diplomáticas, “controlan” las ciudades con paseos periódicos en parejas, realizan “inspecciones vehiculares” cada cierto tiempo como medio para recaudar dinero por la venta de rosetas, etc., etc.

Los medios de comunicación informan periódicamente sobre “avasallamientos” (término que no corresponde) que, en realidad son asaltos, robos o apropiación ilegal; pero no hay respuesta positiva por parte de quienes deberían reprimir estos delitos, apresar a los culpables y exigir que los tribunales de justicia los juzguen y reciban las sanciones consiguientes a más de reparar los daños ocasionados.

Nos preciamos de vivir en un estado de Derecho, donde, se supone, se cumplen la Constitución y las leyes; sin embargo, la delincuencia actúa impunemente y, en casos, llega al extremo de asesinar a quienes hacen resistencia o se oponen a su actuar delictivo. Vivir dentro de la institucionalidad que señala la Constitución, implica que las autoridades velen por la tranquilidad pública y, además, se respete la propiedad privada. El Gobierno, por su propia responsabilidad, debe exigir que las autoridades pertinentes cumplan con las disposiciones legales y eviten asaltos a propiedades en las áreas rurales o en cualquier otro lugar del país; no hacerlo implica indiferencia o falta de capacidad para reprimir delitos que atentan contra el bien común.