Femenicidio: un problema estructural

La ocurrencia de feminicidios que ha registrado un incremento alarmante en los último 15 meses en todos los estratos sociales del país, desde el 2013 a la fecha, muestra a la opinión pública una cruda realidad que lacera a la sociedad boliviana y exige la aplicación sostenida de medidas urgentes para detener los asesinatos.

Ciento cincuenta y siete mujeres bolivianas han sido asesinadas entre enero y septiembre de esta gestión, un 32 % más en relación con el mismo periodo del año pasado, revela el resultado de una investigación realizada por instituciones especializadas en el país, lo que resulta alarmante por el creciente número de víctimas.

Vemos y escuchamos a diario en los medios de comunicación -con lujo de detalles que llegan a la explotación del morbo- los casos de mujeres que encontraron brutales golpizas e incluso la muerte a manos de sus enamorados, esposos o concubinos, dejando atónito al más indiferente de los ciudadanos al conocer la recurrencia de estos hechos que día a día muestran signos de mayor saña contra el género femenino.

Y surgen las siguientes preguntas: ¿Se ha perdido el respeto por la vida del ser humano? ¿Y dónde quedaron los valores de la sociedad? ¿Falta educación e información? ¿Las leyes son insuficientes o las instituciones encargadas de su aplicación cierran los ojos ante la magnitud de estos crímenes?

El estudio del problema realizado por las instituciones especializadas en género ha identificado que el hecho de golpear a una mujer hasta el extremo de matarla -en muchos casos- responde a un sistema patriarcal ejercido por diferentes culturas en el país que naturalizan la subordinación y discriminación de las mujeres, imponiendo roles, conductas y actitudes basadas en la división sexual entre hombres y mujeres.

Entonces el conflicto es estructural porque estas culturas responden a sistemas jurídicos comunitarios con usos, costumbres y cosmovisiones para la aplicación de la justicia que difieren considerablemente de las leyes específicas (Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia de marzo de 2013 y Ley Nº 603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar de 19 de noviembre de 2014), aprobadas por el gobierno del Estado Plurinacional para mitigar lo dramático de esta situación.

¿Qué nos queda? Reglamentar las leyes aprobadas y vigentes en el país y lograr que las instituciones responsables de su aplicación -la Policía y los estamentos del sistema judicial- tomen conciencia sobre la importancia del rol que desempeñan en la sociedad para proteger a las mujeres y el compromiso que están obligados a asumir para cumplir este objetivo.

Pero no sólo eso porque si existe lo que llamamos la conciencia humana, todos estamos obligados a reaccionar al unísono y con espíritu de cuerpo para denunciar y sancionar a los agresores por quitar la vida a un ser humano, sin el menor escrúpulo, lo que deja una estela de trauma y sufrimiento en el futuro de niños, quienes quedan huérfanos y desamparados y de padres a quienes se les arrebata el apoyo y amor de sus hijas.

Por otra parte, debemos reconocer que es necesario construir un proceso hacia la igualdad y equidad de los géneros desde la familia, en las escuelas y en todos los ámbitos posibles, de lo contrario, seguiremos viendo y escuchando noticias sobre el aumento de los feminicidios en Bolivia.

La autora es Comunicadora Social.