En debate 90% de recursos de coparticipación

A pocos días de concluir el año, las regiones esperan que se cumplan los anuncios del Gobierno respecto a presentar la propuesta de Pacto Fiscal, a principios del 2015. La Gobernación de Santa Cruz ya realizó una propuesta para que 50% de los recursos de coparticipación sean redistribuidos entre universidades, gobernaciones y municipios.

En octubre Claudia Peña, ministra de Autonomías, en conferencia de prensa, anunció que el Gobierno trabaja en una propuesta y la misma sería presentada en 2015; señaló que se encuentra dentro los plazos establecidos por la Ley de Autonomías.

Sin embargo, hay observaciones de parte de las regiones, que señalan que el plazo ya venció. El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el informe final en junio de la presente gestión, luego de varias modificaciones a los datos presentados por el presidente Morales y es por este motivo que el Gobierno señala que se encuentra dentro de plazo.

“Nosotros estamos todavía dentro de los plazos porque la ley establece un plazo para presentar la propuesta y mientras no llegue ese plazo no vamos a informar nada más, tenemos el plazo hasta fin de año, entonces hasta ese momento estamos nosotros trabajando de manera interna y llegado el momento nos pronunciaremos”, manifestó Peña a la ANF, en ese entonces.

El Pacto Fiscal es considerado el espacio donde mediante un proceso de concertación nacional y regional, con los representantes, se tratarán aspectos relacionados con la generación, distribución y destino de los recursos públicos.

Las autoridades regionales señalan que el Gobierno se queda con 90% de los recursos de coparticipación, y el 10% sólo distribuye.

PLANTEAMIENTO

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ofreció al presidente, Evo Morales, un equipo técnico con el objeto de que se presente una propuesta al país lo antes posible.

La misiva fechada el 23 de mayo de 2014 también plantea una propuesta de Pacto Fiscal en la que el 50% de los recursos del Estado debe ser distribuido en: 6% para las universidades, 1% para los pueblos indígenas, 23% para municipios, 20% para gobernaciones y el restante 50% por el Gobierno Central. Beni se sumó al pedido de la Gobernación cruceña. Además, las autoridades regionales aclararon que el pedido no apunta a la regalías, sino a la coparticipación tributaria.

ANÁLISIS Y PLAZOS

Sobre el tema, Dario Monasterio, economista y autor del libro Pacto Fiscal, sostiene que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) norma el Pacto Fiscal y pone plazo al Gobierno para la presentación de una propuesta consensuada con todas las Entidades Territoriales Autonómas (ETA): gobernaciones, municipios, universidades y/o muncipios indígenas: “Seis meses después de publicados los resultados oficiales del próximo censo”, fecha que feneció el 31 de enero de este año 2014.

En su momento se indicó que el proceso de elaboración de cartas orgánicas o estatutos autonómicos retrasaban la convocatoria, pero en criterio de Monasterio este tema no tiene que ser una limitante, ya que la base legal del Pacto Fiscal es la LMAD y las observaciones a la legalidad de los estatutos son de tipo constitucional.

“Es decir, que lo que se debatiría en un Pacto Fiscal son un conjunto de reglas vinculantes a todas las entidades territoriales autónomas sobre decisiones de impuestos, transferencias y gasto público en términos de política fiscal, que ya están normadas en la CPE y en la LMAD. Es contradictorio que se apele a la adecuación de los estatutos para no discutir el Pacto Fiscal, siendo que lo que se quiere es modificarlos y “adecuarlos” a la normativa vigente por lo que no deberían ser tomados en cuenta ya que no serían documentos “válidos”, explicó.

PLANIFICACIÓN DE INGRESOS

A pesar de que las regiones poseen recursos, que no son ejecutados en su totalidad, es vital que puedan planificar sus ingresos y dejar de depender significativamente de la voluntad del Gobierno central.

Para Monasterio, el retraso y la falta de voluntad política de las autoridades nacionales provocan una pérdida de oportunidad histórica, debido a la coyuntura económica actual, “y nos debería llevar a replantearnos la necesidad histórica de dejar de depender del rentismo”.

El caso de las gobernaciones es el más urgente, porque son fuertemente dependientes de las transferencias condicionadas del Gobierno de recursos provenientes de la explotación de los Recursos Naturales (RRNN) No Renovables (Regalías de Hidrocarburos y Minerales) dependientes de factores exógenos, es decir, “en los que no podemos influir, como el precio internacional de esos productos que impacta directamente en su nivel de ingresos”, reflexionó.

Explicó que el pedido de las regiones apunta a una mayor coparticipación de los Impuestos Nacionales (IVA, IT, GA, IUE, etc.) que se generan en sus jurisdicciones; incluyendo también variables de pobreza y migración interna para poder atender las necesidades de la población de manera equitativa y con una mejor identificación de ellas por la cercanía, en cuanto a provisión de bienes y servicios públicos.

Y en el caso de los municipios, la potestad de poder crear ingresos propios y dejar de depender excesivamente de las transferencias de la coparticipación, incluyendo también criterios de pobreza con un Fondo de Compensación que no tocaría los recursos actualmente distribuidos, agrega.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

El cumplimiento de las normas legales es obligatoria para todos, y ambos ministerios (Economía y Autonomías) deberían liderar el proceso junto a gobernadores y alcaldes en una gran mesa de discusión, priorizando los conceptos para no caer en una discusión estéril. Lo principal es que el gobierno, con 2/3 del parlamento, esté dispuesto a realmente a cumplir con la CPE que define al Estado boliviano como Autonómico, entre otras definiciones. Para ello las ETA deben tener autonomía fiscal verdadera y el Gobierno central debe dejar de gestionar el 90% de los recursos públicos, como lo hace actualmente porque eso genera ineficiencias en la asignación y provisión de recursos públicos y una peligrosa dependencia del rentismo de las materias primas.

Dario Monasterio

DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA

El ministro de Economía habla de la distribución automática actual, que solo distribuye un 10% de los recursos públicos a las gobernaciones, municipios, universidades, quedando el 90% en manos del Gobierno central para ser invertidos a discreción sin planificación y sin una cercana identificación de las necesidades del ciudadano. Ahí tenemos los ejemplos de gastos millonarios en satélite, en el pago de las indemnizaciones por las nacionalizaciones, de aviones y vehículos de lujo, etc. en los que no se hizo un análisis costo-beneficio, una evaluación de proyectos, con una verdadera planificación y con una real identificación de las necesidades de los ciudadanos que solo se logra en los gobiernos más cercanos a la gente.

Dario Monasterio

DATOS

- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 30 de junio de este año, concluyó el procesamiento de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 e incrementó, tras la revisión de archivos físicos y registros digitales, 32.602 registros de personas a la cifra poblacional del país, por lo que ésta se modificó a 10.059.856 habitantes, cuando en julio de 2013 se informó que oficialmente en Bolivia habían 10.027.254 habitantes.