Pacto de silencio en El Abra retrasa investigación de hechos

Cochabamba, (EL DIARIO).- A más de dos meses de la muerte de cuatro internos y 11 heridos que se suscitó la noche del domingo 14 de septiembre en medio de una fiesta que terminó en una balacera en el penal de máxima seguridad de El Abra el pacto de silencio entre los reclusos retrasa el esclarecimiento de los hechos.

El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Andrés Cuevas, afirmó que desde los hechos luctuosos hasta la fecha rige el denominado “pacto de silencio” entre la población carcelaria del penal de El Abra que obstaculiza las investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales de la matanza.

“Es un mecanismo interno, el tema de levantar este pacto sería un tema de traición entre ellos, generaría más violencia, no creo que se levante el silencio pero las Fiscalía debe seguir con las investigaciones”, sostuvo Cuevas.

Según declaraciones del entrevistado, el Ministerio Público debe continuar con el proceso investigativo hasta identificar y sancionar a los responsables de la muerte de: Ariel Tancara Sandagorda, Sergio Arce Aranibar, Gustavo Tobar Ramírez y Humberto Gonzales Olmedo además de las once personas que resultaron heridas.

“Nosotros creemos que está haciendo un buen trabajo la Fiscalía que en su momento dará un buen resultado, el Ministerio Público y la Policía tienen que seguir actuando de oficio”, aseveró.

El representante del Defensor del Pueblo, también dijo que se debe continuar con el proceso penal contra las autoridades involucradas en la presunta red de extorción que, junto al entonces delegado fallecido Ariel Tancara, controlaban el penal entre ellas: el exgobernador mayor Yuri Duk, el exdirector de Régimen Penitenciario Dennis Mejía y el Subteniente Richard Emerson, hasta que cuenten con sentencia ejecutoriada y no solamente detención preventiva. También, sugirió que se investigue a la Juez de Ejecución Penal, Yolanda Ramírez, presuntamente vinculada al grupo por denuncias de los mismos internos.

“Todas las autoridades, servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones sean cuestionados tienen que ser investigados, respetándose el principio de presunción de inocencia, hasta que sus procesos concluyan con la sentencia”, enfatizó.