Bolivia aún no trabaja en políticas de resiliencia

A pesar de las inundaciones, sequías y heladas, el Estado boliviano aún no trabaja en políticas de resiliencia (capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante los desastres), que ayuden a los bolivianos a enfrentar los efectos tanto del cambio climático, como de la intervención del hombre en la naturaleza, que van azotando al país, cada vez con mayor fuerza. Claro ejemplo es que ya a inicios de la época de lluvias y a casi un año de las inundaciones en todo el oriente y norte boliviano, muchas de las regiones afectadas aún no se han repuesto.

Para el responsable del programa, “Medio Ambiente Gestión de Riesgos y Emergencias”, de Caritas Bolivia, Arturo Rivera Laime, el atender los desastres no debe limitarse a la respuesta inmediata, sino a la capacidad de hacer menos vulnerables a las regiones afectadas, a través de políticas centrales y regionales.

“Está claro que la antigua y la nueva Ley de Gestión de Riesgos, llega hasta nivel municipal, sin embargo, en nuestra experiencia como institución que trabaja a nivel comunidad, hemos notado que las acciones y políticas del Estado aún no han llegado a priorizar las necesidades propias de las comunidades, ya que cada una es un mundo que tiene sus propias necesidades que no están visibles para el Estado”, manifestó Rivera.

RIESGO EN BOLIVIA

Las inundaciones y sequías son los dos eventos adversos que más daños han causado en la historia del país, dejando a miles de familias sin hogares y afectando la producción agropecuaria poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.

“A nivel Bolivia, las inundaciones llegan a afectar a ocho departamentos, siendo más intensas en toda la cuenca de la Amazonía y el norte paceño, mientras que la sequía si es intensa afecta al menos a cuatro, siendo el Chaco, el norte de Potosí y el Sur de Oruro, las regiones más vulnerables, lo que complica el escenario porque dentro de cada departamento tienen sus propias particularidades que deben ser tratados de manera diferente”, aclaró el responsable de gestión de riesgos de Caritas.

Lamentablemente, en la parte rural de Bolivia, una de las que más sufre con estos desastres y donde se asienta el motor productivo de la seguridad alimentaria del país, una inundación y sequía, influye a nivel nacional, prueba de ello es que luego de las inundaciones Bolivia importó, para el consumo interno, alimentos que se producían en las regiones afectadas.

PREVENCIÓN

A pesar de vivir en un país tan propenso a los desastres naturales y antrópicos, Bolivia no ha generado una cultura de prevención y, por tanto, no se tiene políticas de Estado al respecto, que nos ayuden a actuar anticipadamente ante los eventos adversos.

“No existe cultura preventiva, que nos haga pensar en el futuro, las posibilidades y riesgos que tenemos que afrontar, fisiográficamente nuestro país es muy adverso y eso determina nuestro riesgo a nivel nacional para inundaciones, sequías, por lo que la planificación de desarrollo, de los departamentos y municipios necesitan trabajar de manera trasversal con la prevención”, expresó Rivera.

Al respecto, el viceministro de Planificación, Flavio Rivas, señaló que desde esta entidad se ha pedido a los diferentes niveles de gobierno priorizar en cada plan de desarrollo anual o de crecimiento acciones en gestión e identificación de áreas de riesgo y vulnerabilidades a eventos adversos.

“Para hacer planificación se debe contar con la participación de movimientos sociales, ciudadanía y todos los actores sociales. Al momento 7 departamentos ya están trabajando, sus planes de desarrollo ya han identificado zonas de riesgo y sus vulnerabilidades, es mejor prevenir antes que lamentar”, explicó la autoridad.

DE LA COMUNIDAD AL ESTADO

Lastimosamente la falta de prevención es una dificultad a nivel Latinoamérica, por lo que es necesario desarrollar modelos de prevención que vayan desde la comunidad hasta las esferas altas del Estado.

“Estos Mecom (Metodología Comunitaria para el Desarrollo Social) trabajan desde la comunidad y hacia la comunidad, en la identificación y priorización de la prevención, tratan de abrir los ojos a las poblaciones a los riesgos que con los que se encuentran a diario y como ellos pueden asumir la responsabilidad, tomando en sus propias manos las acciones para ser menos vulnerables en el futuro”, sostuvo Rivera.

Manifestó que es necesario que las mismas comunidades vean con sus propios recursos sus posibilidades para ser menos vulnerables, ya que en cuanto a respuestas no se puede esperar a que los gobiernos municipales o el Estado tomen acciones, que en la mayoría de los casos es a destiempo.

“Es necesario que ellos mismos sean actores de su propio desarrollo, avanzando un paso más adelante de la gestión de riesgos hacia el desarrollo y producción, porque para las comunidades rurales el perder su casa por la inundación no es tan grave como perder su cultivo o su medio de vida”, complementó Rivera.

NUEVA LEY

El jueves, en el marco del 2º Congreso de Aprendizaje e Intercambio de experiencias en Gestión de Riesgos fue presentada la nueva Ley de Gestión de Riesgos, que deroga a la antigua Ley 2140 del 2000, que fue creada como respuesta a la terremoto de Aiquile, uno de los peores desastres que vivió Bolivia.

“La antigua ley fue creada a consecuencia de lo ocurrido en Aiquile y Totora, hecho que visibilizó que era necesario pensar en una ley, que fue actualizada en 2002, sin embargo, desde ese entonces hasta la fecha, con las nuevas leyes creadas quedó fuera de vigencia, por las contradicciones e incoherencias que existía”, indicó Rivera.

Hasta la antigua norma, las declaratorias de emergencia y desastre, eran documentos oficiales para que los gobiernos municipales y departamentales soliciten recursos al Estado, sin embargo muchos de ellos no lo hacían por susceptibilidad a la Ley Marcelo Quiroga Sata Cruz por los recursos no utilizados, que por otra norma deberían ser revertidos, rompiendo con la ley que indica la creación de unidades de gestión de riesgos que deben trabajar de manera permanente.

Fueron estas incoherencias las que impedían el trabajo inmediato, de instancias estatales, municipales y hasta de instituciones, lo que llevó a crear la nueva ley, que toma en cuenta normas como las de autonomías, derechos de la Madre Tierra y hasta la ley de bomberos.

Sin embargo, una de las críticas hechas a esta normativa es la falta de socialización hecha con los actores involucrados antes de su aprobación, por lo que, en opinión de Rivera, ahora el desafío consiste en la reglamentación, para la que se tiene un lapso de tres meses. (Por: Leny Chuquimia)