Inversiones en las empresas públicas

De tiempo en tiempo, se anuncia soportes para las empresas del Estado con la finalidad de fortalecerlas económicamente y, en casos, sacarlas de graves situaciones de crisis. Hace muy poco, inclusive recurriendo a las reservas internacionales, se habría entregado importantes partidas de divisas a YPFB, Comibol, ENDE, Huanuni, Karachipampa, Vinto, a la que se ha agregado un fideicomiso de $us. 100.000.000, y otras con la premisa urgente de que mejoren su capacidad productiva y eviten situaciones de colapso económico. La intención es buena y pertinente siempre que haya el propósito por parte de esas empresas, de modificar actitudes, de tomar conciencia de país y adquirir nociones de servicio y no ser, como varias veces ocurrió, cargas para el Estado en lugar de ser su sostén económico-financiero y, además, puntales de la producción nacional.

Es bien conocido el papel que juegan estas empresas que son estratégicamente necesarias; pero su administración no ha sido siempre lo eficiente y responsable que era de desear. YPFB es puntal innegable de la economía nacional; pero con personal interino y sin la capacidad profesional que se requiere, será difícil que pueda funcionar con la eficiencia, eficacia y responsabilidad requeridas para hacer de la empresa del petróleo no sólo fuente segura de ingresos sino, sobre todo, entidad que dedique esfuerzos a labores de prospección, exploración y explotación de nuevas áreas petrolífero-gasíferas.

El caso Comibol, prácticamente desde su creación, en octubre de 1952, luego de “nacionalizarse” las minas, se ha convertido en una especie de carga pesada para el Estado por funcionar como agencia de empleos para “gentes del partido” de gobierno; no haber controlado sus gastos por políticas dispendiosas, no haber utilizado la tecnología debida para sus operaciones y su manejo haya estado bajo dirección de personal improvisado que sólo obedecía directivas partidarias sin respetar principios elementales de sana administración y sin demostrar políticas basadas en la eficiencia, la honestidad y la responsabilidad. Sus costos de operación han sido altos, especialmente por atender una planilla burocrática que le trajo perjuicios en lugar de beneficios.

Empresas como ENDE (LAB en su momento) y otras menores, también han tenido la característica de manejos ineficientes y ajenos a las urgencias y necesidades; en otras palabras, han sido tratadas con criterios “de partido”, con políticas que importaron poco y eran manejadas dispendiosamente, salvo pequeños períodos en que se vislumbraba cambios efectivos, pero que, de acuerdo con los comportamientos del Gobierno de turno, no han podido llevar a buen término sanas intenciones y propósitos constructivos que se habían propuesto.

Ahora, con los soportes financieros, será de esperar que realmente se cumplan principios de sana administración, de eficiente y constructivo manejo y que se impongan políticas de austeridad; de otro modo, todo el dinero invertido irá a parar al pozo sin fondo del nomeimportismo.