Cuando se habla de la salud, ésta es considerada como un estado, como un recurso que permite garantizar la vida de las personas. Salud que se le negó al bebé Alexander desde su nacimiento hasta los ocho meses de vida. En Bolivia, ahora y siempre la salud, la vida ha sido de poca importancia para diversos gobiernos. La salud/vida ahora -en una coyuntura de “cambio”- está en manos de chapuceros en com plemento con una “justicia podrida”. Se privilegia “teleféricos” (para pasear); canchas de césped sintético, donde se hace de todo menos deporte, un satélite Túpac Katari del que no se sabe, ¿algo podrá hacer el Presidente de Bolivia? Sí, mucho, pero por ahora, está ocupado con ser envestido por tercera vez, en una parafernalia (ritual) andina a realizarse en Tiwanaku.
Cuando me refiero a los chapuceros en Vargas Llosa, estos son los mediocres que fingen/fungen de “expertos” de todo, y que indignan, pues se incrementa las actitudes ineptas y negligentes, cuyo medio es la mentira y las poses genuflexas ante el Poder (caudillo) para “disimular/confundir” esa precariedad. El caso del bebé Alexander ha demostrado que la vida de niños (desamparados) está en manos de chapuceros (enfermeras, médicos, forenses, fiscales, gobernador, etc.) que van ganado poder/terreno por lo que las muertes, ahora, son “números”. ¿Qué pasa? Se está perdiendo los principios o la convicción humana. El drama aludido mostró, entre otros, que en estos “hogares” bajo la responsabilidad de la Gobernación paceña los vejámenes/maltratos (e incluso agresiones sexuales a infantes) habían sido recurrentes. ¿Cuál es la responsabilidad de la Gobernación paceña? Nadie sabe algo, la -supuesta- “desorientación” del Gobernador (César Cocarico) sobre el caso Alexander, sobre la “función” de estos hogares, es un sainete “tonificado” por la precaria investigación (de los fiscales) que raya en lo delictivo.
Durante 33 días las investigaciones del caso Alexander estuvieron en la incertidumbre, sorpresivamente se llegó a un resultado. Veamos el contexto: 1) Sandra Gutiérrez, ministra de Justicia, sentenció (advirtió): “esperemos que no pasen años de años para conocer la verdad de los hechos”. 2) Teófila Guarachi, representante del Defensor del pueblo, se remitió a identificar que en 31 “hogares” la situación judicial de 196 de 585 infantes está en riesgo. 3) Se identificó que estos hogares funcionan con un personal “improvisado”. 4) se destituyó a la administradora del hogar, Celia Agramont y demás personal perjudicando la investigación. 5) Los fiscales se preocupan de “cuidar” la imagen de la “gobernación”.
Después de más de 30 días en los que no se sabe la verdadera causa del deceso, si hubo o no violación, quiénes son los responsables, en 24 horas (día 34) la Fiscal de Distrito de La Paz, Patricia Santos, concluye: en el cuerpo de Alexander se halló un antígeno específico de la próstata (PSA) que prueba que fue agredido sexualmente. Este hallazgo, dice, exime la argucia de que su fallecimiento fue por causa de un supuesto termómetro rectal. Se imputó al pediatra del albergue Virgen de Fátima. El argumento: era el único varón que estaba en esos ambientes y además por existir un PSA positivo, ¿este PSA es del pediatra? Ello causa incertidumbre.
Lo evidente es que los chapuceros (fiscales, médicos, enfermeras, administradoras-es, gobernación, etc.) han permitido -una vez más- comprobar la mediocridad que se ha “adueñado” de las instituciones sin contar con la preparación profesional y humana requerida.
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