Asunción.- El asesinato de un periodista que indagaba los supuestos lazos entre políticos y el tráfico de drogas ha desatado la alarma en Paraguay, principal productor de marihuana de Sudamérica, sobre la posible existencia de un sistema de “narcopolítica”, que está siendo investigado por el Congreso.
Esa hipótesis cobró fuerza tras el asesinato el pasado 16 de octubre de Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en el departamento de Canindeyú, en la zona fronteriza con Brasil, y de su acompañante Antonia Almada.
Medina se unía así a los otros dos periodistas paraguayos asesinados el año pasado, Fausto Alcaraz y Elías Fernández Fleitas, a quienes también mataron por sus denuncias sobre la connivencia entre el narcotráfico y funcionarios públicos, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), publicó Efe.
Sin embargo, el asesinato de Medina tuvo mayores consecuencias políticas que las de sus compañeros.
Poco después de su muerte la Fiscalía imputaba como autor intelectual del crimen a Vilmar Acosta, que se dio a la fuga cuando todavía ejercía de alcalde por el oficialista Partido Colorado en un pueblo del departamento de Canindeyú próximo a Brasil, el principal destino de la marihuana paraguaya.
Acosta, que según ABC Color había amenazado a Medina, está también imputado por narcotráfico, después de que la policía encontrara un centro de acopio de marihuana en una estancia propiedad de su familia.
Tras el asesinato, el diario recogió el testigo informativo de Medina y denunció que Cristina Villalba, diputada del Partido Colorado, era la “madrina” política de Acosta.
A raíz del seguimiento de esos sucesos por parte de la prensa, que ha ido por delante de las autoridades en la investigación, el Congreso abrió una comisión para recabar documentación sobre el crimen.
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