Acuerdo nacional en defensa de derechos

Con el propósito de fortalecer la lucha de los Derechos Humanos, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, planteó ayer crear un acuerdo nacional entre las instituciones, pueblos indígenas y movimientos sociales.

“Para fortalecer y avanzar en el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos, especialmente, aquellos cuya vulneración está afectando de manera más grave y recurrente a la población, es necesario lograr un acuerdo nacional”, dijo.

La propuesta identifica a la violencia, la salud, el trabajo, la justicia y la discriminación como las áreas en las que se debe trabajar con más prioridad, y a la niñez, las mujeres y los pueblos indígenas, como las poblaciones más vulneradas en sus derechos.

La autoridad señaló que el año 2015 puede convertirse en el punto de inflexión que permita replantear las relaciones entre la sociedad y los Órganos del Estado, a partir de la conformación de una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, integrada en más del 90% por nuevas y nuevos representantes de casi todos los sectores de la ciudadanía y con igualdad completa de género; además de la renovación total de las asambleas departamentales y concejos municipales, lo que a su criterio “constituye una gran oportunidad para recuperar la calidad de la democracia, que está siendo afectada en aspectos centrales como la desinstitucionalización del Estado y la despolitización de la sociedad”.

Además aseguró que se debe asumir con mayor decisión y voluntad una política efectiva para enfrentar la violencia en la sociedad a la que considera como estructural, transversal y creciente. “No debemos seguir aplicando medidas coyunturales, únicamente desde el campo de la legislación, a un fenómeno que tiene causas profundas y multidimensionales”, señaló.

En relación a la niñez, indicó que “los alarmantes niveles de indefensión provocados por la debilidad del Estado y la complicidad social, nos deben conducir a reaccionar de manera conjunta y efectiva para garantizar que la violencia, la pobreza, el abandono y la explotación, sean disminuidos y erradicados como condición esencial para avanzar en el cumplimiento verdadero de los derechos humanos en Bolivia”, entre otros problemas sociales.