Juicio a la capitalización

Diez y seis años después de los mandatos constitucionales que ejercieron dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Acción Democrática Nacionalista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y sus aliados menores de la época --1989-2005-- el nuevo gobierno reelecto del Movimiento Al Socialismo, desde su mayoría parlamentaria, acusó a determinados líderes políticos de entonces, rifar las empresas estratégicas bolivianas.

La Asamblea Plurinacional, en su última cita de gestión, realizada ayer martes 13 de enero, presentó oficialmente un pliego acusatorio contra expresidentes de Bolivia, supuestamente involucrados en aquel proceso de capitalización.

El veredicto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre líneas, despierta cuestionamientos por ejemplo, sobre la enajenación del ferrocarril boliviano, hoy bajo una administración indirectamente chilena.

FASES DE INVESTIGACIÓN

La comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional proyectó investigar la capitalización-privatización en tres fases continuas. La primera contempla los actos administrativos 1991 a 1993, con un registro de 60 empresas públicas privatizadas.

La segunda fase --1993 a 1997-- investiga la capitalización de las empresas Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

La tercera fase --1997 al 2000-- concluirá las investigaciones sobre el tema y se estima que sus recomendaciones afectarían a un número mayor de ciudadanos bolivianos, que estarían comprometidos con la “venta a precio de gallina muerta” de las empresas estratégicas nacionales.

CAPITALIZACIÓN

La Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) fue creada en 1964 como una entidad autárquica de derecho público y personería jurídica propia, para la administración de los ferrocarriles nacionales.

Antes de la privatización-capitalización, ENFE tenía las siguientes características: Red Andina (FCA), transitaba sin percances por el ferrocarril La Paz, Oruro, Oruro, Uyuni, Tupiza, Villazón, además de unir los ramales de El Alto, Guaqui, Viacha, Charaña, Uyuni, Abaroa, Oruro, Cochabamba; Machacamarca, Uncía, Río Mulato, Potosí, Sucre Tarabuco. La longitud de rieles alcanzaba a los 2 mil 261 kilómetros y disponía de 30 locomotoras.

La Red Ferroviaria Oriental (FCO), contaba con mil 369 kilómetros de longitud y su recorrido unía las rutas de Santa Cruz, Montero, Santa Cruz-Yacuiba y Santa Cruz-Puerto Suárez. Antes de la capitalización la Red Oriental tenía 23 locomotoras en servicio.

SOBERANÍA

El ferrocarril es considerado en todo el mundo, desde el Siglo Diecinueve hasta nuestros días como un medio estratégico y táctico de comunicación. En términos de geopolítica boliviana, su venta constituye menoscabo al factor de soberanía nacional.

DECRETOS

Durante el mandato de Jaime Paz Zamora, fue promulgada la Ley de Privatización el 24 de abril de 1992. El 8 de diciembre de 1995, la alianza política integrada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento Bolivia Libre (MBL), y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), aprobó el Decreto Supremo 24177, que en apariencia defendía el patrimonio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

El decreto del 8 de diciembre de 1995, en su Artículo Primero, estipulaba: “Son bienes afectados al servicio público ferroviario: Las vías férreas principales y auxiliares.; derechos de vía de hasta 15 metros a cada lado del eje de vía, estaciones, subestaciones, sus márgenes de seguridad, almacenes, edificios, bodegas, cuadros de estación que sean necesarios para las operaciones ferroviarias de transporte de pasajeros y carga, incluidos andenes, plataformas, espacios para acceso, circulación, espera … y ¡obras de arte!”

El decreto 24177 no dejó nada al descuido: “Las maestranzas, establecimientos de reparación del material rodante y equipos, edificios necesarios para las operaciones de mantenimiento espera de reparación y espacios para depósitos de materiales (…) Los bienes destinados a actividades administrativas y auxiliares de las mismas; edificios dedicados a los servicios técnicos de apoyo , terrenos destinados a instalaciones fijas de cualquier tipo, incluso cuando no tengan continuidad con las vías y estaciones”.

ENFE RESIDUAL

“Artículo Tercero: Dispónese la transferencia a título gratuito a favor del Estado, de los bienes de propiedad de ENFE que se encuentren afectados al servicio público ferroviario; Artículo Cuarto: Los bienes del Estado no afectados al servicio público ferroviario que se encuentren bajo administración de ENFE, continuarán bajo administración de dicha Empresa”.

El Artículo Séptimo, a la letra dice: “Para la identificación de los bienes afectados al servicio público ferroviario, ENFE deberá levantar un inventario definitivo, incluyendo su delimitación topográfica…”

OBJETIVOS

Las dos proposiciones acusatorias lanzadas desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de resultado de una investigación en una primera fase que busca delimitar culpabilidades, tiene un fondo táctico además de jurídico, dirigido en apariencia, a reducir tal vez, alternativas de políticos adversos a la corriente oficialista.