Exautoridades serán enjuiciadas

Contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes son los tres supuestos delitos que habrían cometido 13 exautoridades durante el proceso de capitalización y privatización. Entre los acusados figuran el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina, Carlos Sánchez Berzaín, Alfonso Revollo y Fernando Illanes, entre otros.

La Comisión Mixta del Legislativo que investigó los procesos de capitalización y privatización entre 1989 y 2000 presentó ayer su informe final en la última sesión de la Asamblea Legislativa que aprobó dos proposiciones acusatorias las que serán remitidas al Ministerio Público.

La primera proposición acusatoria es por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Se trata de la entrega de recursos del Estado a la institución privada denominada Fundación para la Producción (Funda-Pro).

Samuel Doria Medina, ministro de Planeamiento y de Coordinación en la gestión de Jaime Paz Zamora. La Comisión afirma que el opositor suscribió el 8 de octubre de 1992 un contrato de préstamo de 21 millones de dólares a favor de Funda-Pro y que, además, firmó la otorgación de personería jurídica para esta institución, cuyo asociado era su colega ministro de Industria Luis Fernando Campero Prudencio.

Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de la República que homologó el contrato y se habría beneficiado de esos recursos a través de Prodem y Comsur. La primera era socia de un banco establecido por Funda-Pro.

Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes y Reynaldo Peters, ministros de Estado de la gestión de Goni.

Arturo Beltrán Caballero, director de la Unidad de Coordinación de Proyectos (UCP-Focas) mediante la cual se habrían desviado los recursos a Fundapro.

Flavio Escobar Llanos, subsecretario de Desarrollo Económico y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento, la cual emitió un dictamen favorable para la homologación del contrato firmado por Doria Medina.

La segunda proposición acusatoria es por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

La Comisión observó irregularidades en la formación de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta (FCA SAM), que luego fue capitalizada. Sus acciones fueron entregadas, por un valor menor del real, a la empresa Cruz Blanca de Chile.

Los responsables en este caso son:

Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de la República, que firmó los decretos de formación de FCA-SAM y la entrega de sus acciones a favor de la empresa chilena Cruz Blanca, que se adjudicó las mismas a 66 millones de bolivanos, cuando su valor real era de 137 millones.

Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reynaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos Sanjinés, eran ministros que firmaron ambos decretos.

Fernando Candia fue ministro que firmó el decreto de la formación de FCA-SAM.

José Luis Landívar fue presidente ejecutivo de ENFE.

Rolando Suárez Montoya fue gerente general de estatal de ferrocarriles.

Ambas proposiciones acusatorias serán remitidas a la Fiscalía General del Estado, la cual en un plazo de 30 días deberá emitir un informe y devolverlo a la Asamblea Legislativa, que autorizará o rechazará el inicio de juicio contra las exautoridades para que se inicie el proceso legal en el Ministerio Público.

El vicepresidente Álvaro García pidió que el Ministerio Público actúe con severidad contra las exautoridades y les imponga una sentencia “ejemplificadora” por la venta de varias empresas del Estado a empresas extranjeras y privadas.

“Esto es traición a la patria, a esto llamamos traición a la patria (…). El tiempo no les da impunidad, la mano larga de la justicia ira cinco, diez, 20, 30 años atrás para jalarlos del cuello y que ahora paguen sus fechorías ante la justicia”, manifestó García.