La Asamblea Legislativa Plurinacional acusó ayer a trece exautoridades, incluidos el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el opositor Samuel Doria Medina, por supuestos daños económicos causados con la privatización de empresas en la década de los años 90.
Los legisladores que concluyeron su gestión aprobaron dos “proposiciones acusatorias” contra las trece exautoridades, tras escuchar el informe de la comisión parlamentaria que investigó, a instancias del Ejecutivo, los supuestos daños causados al país con la privatización de empresas públicas entre 1989 y 2000.
Estas propuestas fueron enviadas a la Fiscalía General del Estado, que tiene 30 días para rechazarlas o aceptarlas, y si ocurre lo segundo, la nueva Asamblea Legislativa, que iniciará sus actividades el próximo 22 de enero, deberá autorizar el juicio de responsabilidades en contra de los acusados.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, que también preside el Parlamento, explicó que las “proposiciones acusatorias” se refieren en concreto a dos casos: la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe) y la creación de un fondo de créditos productivos.
Las trece exautoridades están acusadas de los delitos de “contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes”.