Un referendo inadecuado

El Gobierno creía que la aguda crisis de la Justicia podía resolverse o enderezarse mediante la elección popular de los magistrados, pero los resultados muestran que “el remedio fue peor que la enfermedad”. La elección de magistrados y/o jueces es una opción tan desaconsejada que ningún país la pone en práctica, por lo que repetir experiencias frustrantes no era otra cosa que adentrarse en una aventura que por sí misma no auguraba efectos positivos, como, en efecto, sobrelleva la colectividad en su conjunto.

Ahora, altas autoridades del Estado anuncian la convocatoria a un referendo nacional con la mira de mejorar el intrincado mecanismo de la Justicia. La descalificación de altas autoridades, de que el aparato judicial “apesta” basta para describir una realidad lacerante, pero también vale como reconocimiento del error cometido. Dicho anuncio fue ratificado nada menos que por la Ministra de Justicia, en sentido de que “pese a quien pese se realizará el referéndum”, y que sólo se espera el nuevo juramento presidencial para procesarlo.

Tales afirmaciones oficiales han despertado susceptibilidades en sentido de que además de la pretendida reforma judicial se buscaría algo más, que el oficialismo posiblemente aproveche para insertar la reelección indefinida del Presidente y Vicepresidente, siguiendo moldes que no faltan, como los de Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Pero una “carta blanca” de tal magnitud equivaldría a abrir una Caja de Pandora, de imprevisibles sorpresas.

Los temores crecen ya que la enmienda de la elección referida, vale decir del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, o de lo que se trate, no requiere referendo. Hace tiempo la ciudadanía ha revocado conscientemente el mandato de estas autoridades, consenso que hace obvia la consulta prevista al respecto por la CPE, y así debe interpretarlo por ley la Asamblea Legislativa.

El artículo 411 de la CPE dispone que solamente la reforma total de ésta debe efectuarse por referendo y no las enmiendas o reformas parciales para las que basta el voto de dos tercios de los asambleístas, porcentaje que el oficialismo tiene asegurado en la Asamblea Legislativa.

De modo que un anuncio grandilocuente como el formulado no concilia con el mandato constitucional, pero se acondiciona al enunciado de “gobernar obedeciendo al Pueblo”. El dicho “la voz del pueblo es la voz de Dios” -si ese fuera el caso- no es ni divino ni infalible y la historia nos ilustra de fatales y enormes errores consumados a ese título. Las posibles preguntas del plebiscito no pueden ser otras que el mejoramiento de los tribunales, cosa tan necesaria y obvia que no precisa consultarse. Tampoco es raro que al mismo tiempo se intente poner en juego un recurso de distracción pública frente a otros problemas que ocupan la preocupación general. La reforma judicial es un tema que por su especialidad merece el estudio de los entendidos, si acaso se descarta ensayos dudosos, cual la elección por voto de los magistrados. No debe perderse de vista aquello de “zapatero a tus zapatos”.