Un nuevo anuncio sobre reforma judicial

Antes y desde hace muchos años y muy luego de la última reforma en el Poder Judicial que se produjo, con la designación “a dedo” de fiscales, jueces y personal de apoyo, se ha lanzado muchas acusaciones contra el Poder Judicial, acusaciones que a nada han llegado porque a nadie convencieron; pero lo más grave es que se acusó a la justicia y se le agregó calificativos de “podrida”, “incapaz”, “vendida”, “manoseada”, “corrupta”, etc., etc.

Los calificativos, en todo caso, no corresponden a la justicia en sí, que por principio es limpia, transparente, muestra de la verdad, la libertad, la independencia, la honestidad y el sentido de responsabilidad. Otra cosa muy distinta es la composición de los cuadros humanos que han tenido a su cargo la administración de la justicia; son ellos, o la mayor parte de ellos (porque habrá que pensar siempre en la existencia de excepciones), funcionarios que han caído en los abismos de la corrupción, del nomeimportismo, la desidia, la dejadez, la deshonestidad, como son la coima, la comisión, la participación sucia, y la aplicación de políticas del dejar hacer y dejar pasar; son, pues, esos funcionarios de todo tiempo y en todo gobierno que han mostrado aptitudes sólo para el prevaricato o el delito de sojuzgar a la población litigante bajo el pretexto de administrar justicia.

¿De qué han servido las reorganizaciones del Poder Judicial? ¿A cuántos colegios departamentales de abogados ha importado lo que ocurría con la administración de justicia en todos los últimos veinte, treinta o más años? ¿Cuántas veces se ha pronunciado al respecto el Colegio Nacional de Abogados que, se entiende, debe ser salvaguarda de la justicia? ¿Cuántos gobiernos han expresado preocupación seria por velar por una administración honesta y transparente de justicia? ¿A cuántos regímenes han servido abogados, fiscales, jueces y otros para velar y defender sus intereses de poder económico, político o social que hayan alcanzado?

Hoy, el Gobierno anuncia una nueva reorganización del Poder Judicial y no dice cómo lo hará. Por su parte, el Poder Legislativo, que es el que más cartas en el caso debería tener, tampoco se pronuncia; pero, en todo caso, lo que corresponde es que el Poder Judicial sea reorganizado, reestructurado, revitalizado en toda su estructura sobre la base de la honestidad y alto sentido de responsabilidad, evitando que sea depositario de lo indigno para el mismo sentido de justicia. Evitar, por supuesto, la contaminación político-sectaria, la intromisión de intereses económicos, políticos, sociales o de cualquier otra índole para reclutar y nombrar a abogados de alta idoneidad y honestidad para ocupar las diferentes funciones.

Reorganizar para seguir en el mismo pozo de indignidad sería lo peor que se haga y, además, un mal antecedente para el futuro. El Gobierno tiene grande y grave responsabilidad con su anuncio y debe cumplirlo a cabalidad, con la altura y sindéresis necesarias; por su parte el Poder Legislativo, haciendo abstracción “del partido”, debe cumplir con mucha responsabilidad.