Luego de conocer el Auto Supremo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el empresario peruano, exasesor del presidente Ollanta Humala, de manera voluntaria, se entregó a las autoridades bolivianas.
A pesar de calificar de arbitraria la determinación del TSJ, Jorge Valda, abogado del Belaunde en Bolivia, adelantó que apelará la determinación ya que, según la Ley 251 de Protección a Personas Refugiadas, se estarían vulnerando los derechos de su defendido.
Por su lado, la magistrada del TSJ, Maritza Suntura, aseguró que “la detención preventiva, con fines de extradición” dictada ayer en Sucre “es una medida cautelar y no una sanción” en apego a lo que establece la reglamentación de la Ley 251.
Especialistas afirman que la determinación debilita y cuestiona el trabajo de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare). Belaunde tiene orden de aprehensión en su país, acusado por favorecer con contratos millonarios a empresas privadas.