90% de colegios cobra cuotas

Luego de una inspección ocular a establecimientos educativos periurbanos de El Alto, personal del Defensor del Pueblo informó que el 90% de las juntas escolares realiza cobros que son avalados por la dirección y que, además, el 80% de los centros verificados tiene deficiencias en su infraestructura.

El representante del Defensor del Pueblo en la urbe alteña, José Luis Hidalgo, confirmó que la finalidad de esta inspección a diferentes establecimientos escolares fue verificar la aplicación de la Resolución Ministerial RM01/15, nota que recomienda que las aulas deben responder a una capacidad de 35 alumnos, sobre todo en colegios alejados de La Ceja de El Alto.

Entre los establecimientos visitados se encuentra, por ejemplo, el establecimiento 6 de Junio, ubicado en el sector norte, donde dicha disposición ocasiona un límite en el ingreso de nuevos escolares, aspecto que debió ser flexibilizado con el propósito de evitar que escolares de la zona se vean prohibidos del derecho a tener una formación escolar.

A la mencionada observación se suman los cobros indebidos efectuados por la dirigencia de los padres de familia, quienes, a nombre de “aportes voluntarios”, buscan recaudar montos económicos ante la ausencia de mejoras en la infraestructura que demandan los establecimientos fiscales del municipio alteño, la misma que no es atendida debidamente.

“La infraestructura de los establecimientos escolares en el área periurbana muestra una serie de deficiencias en diferentes establecimientos escolares, las cuales se convierten en justificativo para que los padres de familia sean quienes atiendan estas falencias realizando los cobros en el proceso de la inscripción”, explicó Hidalgo.

En la actualidad, los establecimientos escolares no tienen la infraestructura correspondiente, por ejemplo, para el uso de los equipos de computación que fueron entregados por el Gobierno los toma corriente no lograron ser instalados en más del 80% de los establecimientos escolares, por lo tanto los alumnos y profesores se ven impedidos de hacer uso de las nuevas tecnologías que fueron entregadas por el Ejecutivo.

La entrega de las computadoras Quipus no tomó en cuenta que los padres de familia deberían realizar mayores gastos económicos con el pago de docentes en computación porque supuestamente serían los propios maestros quienes debieran dar dicha orientación en el proceso de enseñanza de cada una de sus materias, aspecto que no se cumple.

“Por lo tanto, este es el segundo argumento para la realización de cobros, que son destinados al pago de profesores en computación y a la infraestructura no entregada por el municipio”, remarcó.

Una tercera observación en el proceso de inscripciones en los establecimientos escolares se refiere a los requisitos que solicita la dirección antes de permitir el derecho a ser registrado el alumnado, documentación que ocasiona otros costos. Entre ellos está el pedido de una cédula de identidad o los certificados de nacimiento con el sello de “Estado Plurinacional”, siendo ambos documentos, según las declaraciones de Hidalgo, procedimientos no obligatorios, aspecto que están incluidos en la resolución ministerial, pero que es de desconocimiento tanto de los padres de familia como en alguno de los casos de los propios directores de los establecimientos escolares.

Por otra parte, el representante de la Defensoría, aseguró que se trabaja en diferentes fases de solución en las que se incluye la modificación de los requisitos de inscripción. En cuanto a los cobros realizados por los padres de familia, el 80% las juntas escolares dieron a conocer que los mismos fueron aprobados en asamblea, instancia que debiera estar documentada y entregada ante el Defensor del Pueblo, antes de continuar vulnerando una resolución ministerial.