A las 15.00 horas de ayer se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Sucre, cambió la resolución de “detención preventiva con fines de extradición” en contra del empresario Martin Antonio Belaunde Lossio, que debía proceder en predios de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), por la detención domiciliaria en un inmueble de Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz.
“La Sala Plena (del TSJ) ha determinado sustituir, la medida de detención preventiva, impuesta en el Auto Supremo número 1/2015, por la medida de detención domiciliaria con fines de extradición del ciudadano señalado. Así mismo, se ha determinado que dicha detención, sea ejecutada con vigilancia policial”, declaró a los medios de comunicación en Sucre, Maritza Suntura, magistrada del TSJ.
Luego de conocer la información, Jorge Valda detalló que la modificación del Auto Supremo, además de la solicitud presentada por su defensa, obedecía a una carta enviada desde el Conare, observando la determinación del TSJ, ya que esta instancia no contaba con los predios adecuados para cumplir la detención preventiva de Belaunde, además de que esta no es su función.
El día lunes, de manera voluntaria, Belaunde se puso a disposición de la Policía, luego de conocer la determinación del TSJ, mientras se encontraba alojado en el domicilio de Bajo Llojeta, el cual fue declarado como residencia de Belaunde, tanto al Conare como a la Cancillería del Estado.
El martes, el presidente del Conare, César Siles, solicitó al TSJ la rectificación del Auto Supremo, afirmando que el mismo era erróneo tras la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se considera errónea, según reporta el periódico digital Oxígeno.
“He recibido el Auto Supremo y he pedido la rectificación del mismo, es incorrecto que la Conare tenga las facultades de aprehender o detener a una persona cuando su función es precautelar los derechos de los solicitantes que tramitan el pedido de refugio”, afirmó Siles al portal digital Oxigeno.
Martín Belaunde, exasesor del presidente peruano Ollanta Humala, es acusado en su país de gestionar, en gobiernos regionales, intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos estatales, con el fin de obtener beneficios económicos personales en los contratos.
Cuenta con orden de aprehensión en su país, desde el 11 de septiembre de 2014, el 16 de diciembre del año pasado solicitó a Bolivia, la condición de asilado político y en conferencia de prensa, efectuada el nueve de enero de este año, en la ciudad de Santa Cruz, afirmó que es un perseguido político, debido a sus “ideales izquierdistas” y que al temer por su vida, el primero de diciembre decidió cruzar la frontera hacia nuestro país, vía Desaguadero.
Anoche (20.00), aún era incierto el traslado de Belaunde al domicilio citado para que guarde detención provisoria hasta que se defina su situación legal.
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